Una demora e incumplimiento en la formulación y aprobación del Plan Regional de Rehabilitación ante el sismo de 6.1 de magnitud ocurrido el 30 de julio de 2021, por parte del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres, funcionarios y personal de apoyo del Gobierno Regional Piura, detectó la Contraloría General de la República.
Además, de la implementación del mismo en lo que respecta a la recuperación de instituciones educativas y establecimientos de salud afectados, pese a haberse declarado el Estado de Emergencia y que se prorrogó hasta en dos oportunidades.
De acuerdo con el Informe de Control Específico N° 13267-2023-CG/GRPI-SCE, el equipo de auditores determinó la grave afectación a los servicios de educación y de salud en algunos distritos declarados en emergencia de la región Piura debido a la demora injustificada en la formulación y aprobación del Plan Regional de Rehabilitación, el cual fue aprobado fuera del período de emergencia, conllevando a que este no se implemente oportunamente y afectando así a los citados servicios.
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Por estas razones se señaló presunta responsabilidad administrativa de quince funcionarios y personal de apoyo del Gobierno Regional Piura.
Los hechos señalados transgredieron la Ley N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), los decretos supremos que declararon y ampliaron el Estado de Emergencia, entre otra normativa aplicable.
Como se recuerda, el 30 de julio de 2021, un sismo de magnitud 6.1 en la escala de Richter sacudió la región Piura y causó serios daños en varios distritos de siete provincias de la región. Frente a esto, el Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia para la ejecución de medidas y acciones de excepción inmediatas, de respuesta y rehabilitación que correspondan.
Se advirtió la demora
Una semana después del evento, el Gobierno Regional Piura no había culminado con la evaluación de daños y análisis de necesidades de los gobiernos locales. Incluso, el propio contralor general Nelson Shack expresó su preocupación ante este retraso en una visita realizada en agosto de ese año a las zonas afectadas.
Según el Plan Regional de Rehabilitación aprobado, se había considerado rehabilitar 109 instituciones educativas y 28 establecimientos de salud; sin embargo, el Gobierno Regional Piura solo solicitó a las unidades ejecutoras la intervención de 44 instituciones educativas y 26 establecimientos de salud. Adicionalmente, la información no coincide con el reporte de daños remitido por INDECI.
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Asimismo, la comisión de control efectuó visitas a una muestra selectiva de locales escolares y centros de salud, a fin de verificar las acciones de rehabilitación, determinándose que el 92% presentan daños en su estructura.
El informe señala presunta responsabilidad administrativa en quince personas, entre ellas el exgobernador regional Servando García Correa y de las cuales catorce están sujetas a la potestad sancionadora de la Contraloría.
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