La Contraloría General de la República identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en doce exfuncionarios y funcionarios del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP), unidad ejecutora del Gobierno Regional Piura, por irregularidades detectadas en la obra “Inyecciones complementarias en el aliviadero de emergencia de la presa Poechos”, valorizada en S/ 24,4 millones.
El proyecto tenía como objetivo reducir las filtraciones y mejorar las condiciones estructurales del reservorio que abastece a miles de agricultores del valle del Chira y Bajo Piura.
Auditoría revela seis observaciones clave
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N.º 013-2025-2-0612-AC, que evaluó el periodo del 18 de noviembre de 2019 al 12 de junio de 2024, detectó seis observaciones relacionadas con la firma del contrato, valorizaciones, ejecución de trabajos, suspensión del plazo, aprobación de adicionales y el proceso de selección de la supervisión.
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Durante el proceso de contratación, la entidad no evaluó correctamente las ofertas técnicas ni económicas, descalificando propuestas de manera irregular y adjudicando la buena pro a un postor con mayor costo —más de S/ 85 000— y sin acreditar su metodología de trabajo.
Esto, según el informe, restringió la competencia y afectó los intereses económicos del Estado.
Deficiencias en la ejecución y persistencia de filtraciones
Respecto al contrato principal, la Contraloría advirtió que se suscribió con una empresa que no cumplía los requisitos del plantel profesional. De esta manera, se omitió además la fiscalización posterior correspondiente.
En la ejecución, se constató que los trabajos de inyección de lechada de cemento —proceso destinado a reforzar la estructura y evitar filtraciones— no cumplieron las especificaciones técnicas ni las recomendaciones de los estudios geotécnicos revisados por la supervisión.
Como consecuencia, la obra se retrasó y generó un perjuicio económico de S/ 831 284 por mayores gastos generales y servicios adicionales de supervisión. Pese a ello, el proyecto se recibió sin verificar su operatividad, manteniéndose las filtraciones originales.
Pagos irregulares y ampliaciones sin sustento
El informe señala que se otorgaron conformidades de valorizaciones sin aplicar penalidades. Ello, pese a la ausencia del residente de obra, a quien se le reemplazó por un profesional sin cumplir el perfil exigido, generando un perjuicio de S/ 490 150.
Asimismo, se detectó que la suspensión del plazo de ejecución se aprobó sin justificación técnica, extendiendo indebidamente el contrato. También se autorizó un adicional de obra sin sustento, lo que ocasionó una ampliación de plazos y un daño adicional de S/ 201 722.92.
Contraloría deriva caso a Procuraduría Anticorrupción
Tras la revisión de los hechos, la Contraloría determinó la presunta responsabilidad penal y administrativa de 12 funcionarios y exfuncionarios involucrados.
El organismo de control recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios iniciar las acciones penales correspondientes. Mientras que el Órgano Instructor de la Contraloría y la entidad ejecutora deberán abrir los procesos administrativos que correspondan.
El informe ya se notificó al titular del PECHP y se encuentra disponible en el Buscador de Informes de Control del portal institucional www.gob.pe/contraloria, como parte del compromiso con la transparencia y el acceso público a la información.
