La Contraloría General de la República constató que las instalaciones de diez municipalidades distritales en Piura no cumplen con las condiciones y especificaciones técnicas mínimas de diseño de edificaciones, necesarias para garantizar la atención de usuarios con discapacidad. Esto afectaría negativamente el acceso, desplazamiento y atención de dichos ciudadanos.
Las municipalidades que no cumplen con la normativa son las siguientes:
- Salitral
- Querecotillo
- Ignacio Escudero (Sullana)
- Bellavista de la Unión
- Bernal (Sechura)
- La Huaca
- Vichayal (Paita)
- El Alto (Talara)
- Las Lomas (Piura)
- Morropón (Morropón)
Estas comunas fueron parte del operativo denominado «Accesibilidad» dentro de la estrategia de control «Discapacidad e inclusión social».
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Las visitas, realizadas entre marzo y abril de este año, tenían como objetivo verificar las condiciones y especificaciones técnicas de accesibilidad universal en las áreas de atención al público. Para este propósito, se contó con la participación de Monitores Ciudadanos de Control, un programa de voluntariado de la Entidad Fiscalizadora Superior que promueve el control social.
Como resultado de las visitas, se emitieron informes de Orientación de Oficio. Estos fueron comunicados oportunamente a los titulares de las entidades ediles para que superen las situaciones adversas o riesgos identificados.
Problemas identificados
Los Monitores Ciudadanos de Control detectaron las siguientes deficiencias:
- Falta de rampas: Las instalaciones municipales no cuentan con rampas que permitan el acceso de personas con discapacidad. Esto, a pesar de que existe un desnivel al ingreso de la edificación. En los casos donde sí había rampas, estas carecían de señalización podotáctil, necesaria para guiar a personas con discapacidad visual.
- Obstáculos en las rutas de desplazamiento: Las rutas hacia las áreas de atención al público presentan obstáculos que dificultan la libre circulación de los ciudadanos.
- Puertas de acceso inadecuadas: El ancho de las puertas de acceso no cumple con el mínimo establecido de un metro.
- Mobiliario no accesible: Las oficinas carecen de mobiliario que cumpla con las condiciones de accesibilidad requeridas.
- Zonas de espera no priorizadas: Las áreas de espera no cuentan con espacios reservados para personas con discapacidad.
- Servicios higiénicos no adaptados: Los baños no están diseñados para uso exclusivo ni mixto para personas con discapacidad.
- Falta de señalética: No hay señalética en la entrada ni en las áreas de atención que indique la prestación de servicios a personas con discapacidad.
La Contraloría exhortó a las municipalidades a corregir estas deficiencias para garantizar que las instalaciones sean accesibles para todos los ciudadanos. Especialmente para aquellos con discapacidad. Las acciones correctivas deben ser prioritarias para asegurar un entorno inclusivo y accesible en todas las entidades públicas.
