El Congreso de la República del Perú ha oficializado la inhabilitación política de Martín Alberto Vizcarra Cornejo, quien no podrá ejercer función pública durante un periodo de diez años. La medida fue publicada en el diario oficial El Peruano y representa una de las sanciones más severas impuestas a un expresidente en los últimos tiempos.
Motivos constitucionales detrás de la inhabilitación
La decisión adoptada por el Congreso responde a una denuncia constitucional basada en la presunta infracción del artículo 134 de la Constitución Política del Perú. Este artículo establece que el presidente de la República solo puede disolver el Congreso si este ha censurado o negado la confianza a dos Consejos de Ministros.
El Parlamento concluyó que esta condición no se cumplió cuando, en 2019, Martín Vizcarra disolvió el Congreso de manera unilateral. Según la resolución legislativa, dicha acción constituyó una vulneración al orden constitucional, al no haberse configurado los requisitos exigidos para activar el mecanismo de disolución.
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La sanción fue propuesta y debatida en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y posteriormente aprobada por el Pleno del Congreso.
Publicación oficial y consecuencias políticas
La resolución legislativa que establece la inhabilitación fue firmada por Eduardo Oscar Castillo Rivas, presidente del Congreso, y Carmen Patricia Juárez Gallegos, primera vicepresidenta. Con su publicación en El Peruano, la medida entró en plena vigencia legal.
Como resultado, Martín Vizcarra queda impedido de ocupar cargos públicos, postular a procesos electorales o ser designado en instituciones estatales hasta el año 2035. La sanción representa un nuevo obstáculo en su trayectoria política, que ya se ha visto afectada por otros procesos judiciales previos.
Este caso también marca un precedente institucional sobre los límites constitucionales en el uso de la facultad presidencial de disolver el Congreso, un recurso que ha sido objeto de debate político en los últimos años.
