La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó el informe final de la investigación que concluye que no existen pruebas que confirmen la existencia de una red de prostitución en el Poder Legislativo, aunque sí advierte irregularidades en la contratación de personal, especialmente de mujeres.
¿Qué determinó la investigación parlamentaria?
El informe fue aprobado por mayoría con 7 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, y corresponde a la indagación en torno a las denuncias que involucraban a Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, así como al caso de la trabajadora Andrea Vidal Gómez.
Según el documento, «no existen elementos fácticos ni jurídicos que acrediten actos de proxenetismo o favorecimiento a la prostitución», y «no se ha evidenciado la existencia de una red de prostitución en el Congreso».
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No obstante, el informe indica que sí se detectaron contrataciones irregulares y permisos inusuales de personal femenino, que habrían ocurrido en “un contexto sensual y sexista”, según se precisa en el texto.
Limitaciones en la investigación y recomendaciones
La comisión reconoció que la falta de facultades de investigación limitó su labor, impidiendo acceder a elementos probatorios que podrían haber fortalecido algunas líneas de indagación.
En ese marco, se señala que no se pudo confirmar ninguna actividad relacionada con la prostitución en el caso de la abogada asesinada Andrea Vidal Gómez. Asimismo, las investigaciones respecto a otras ciudadanas, como Andrea Gil Gómez, Isabel Cajo y Alejandra Gil, quedaron restringidas por estas limitaciones.
Por ello, el informe recomienda que los avances del grupo de trabajo sean puestos en conocimiento del Ministerio Público, entidad que sí cuenta con facultades coercitivas para continuar con las investigaciones, como el levantamiento del secreto bancario o telefónico.
