El Pleno del Congreso de la República aprobó, en segunda votación, la incorporación del delito de criminalidad sistemática en el Código Penal, con 83 votos a favor, 27 en contra y una abstención. La norma añade el artículo 318-B al Decreto Legislativo 635 y establece cadena perpetua para quienes, usando armas de fuego, explosivos u otros similares, cometan delitos como secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado o robo agravado, generando terror en la población.
Un largo proceso legislativo
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz, recordó que la propuesta reúne 17 proyectos de ley de distintas bancadas. Tras su debate inicial en octubre de 2024, pasó por varios intermedios y sustituciones de texto, hasta que fue aprobada en primera votación el 16 de octubre del mismo año. La decisión de este 2025 le otorga carácter definitivo.
Críticas a la norma
No todos respaldaron la medida. La congresista Gladys Echaíz advirtió que el verdadero problema es la falta de tiempo para investigar: “Con 48 horas es casi imposible levantar el secreto de las comunicaciones o individualizar a los autores. Se necesita ampliar a 15 días la detención en casos graves, como ocurre en delitos de terrorismo”.
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Por su parte, Ruth Luque cuestionó la redacción del nuevo tipo penal, al considerar que la inclusión de frases como “otros de similar características” abre la puerta a arbitrariedades.
“No comparto esta lógica de populismo penal”, señaló.
Posturas a favor
Otros parlamentarios defendieron la norma como respuesta necesaria frente al avance de la violencia criminal. Diego Bazán (RP) recordó dos recientes atentados con dinamita en La Libertad: “Necesitamos ser contundentes contra los criminales. Esta ley sí aporta porque tipifica un delito que hoy no existe en el Código Penal”.
El presidente del Congreso, José Enrique Jerí Oré, ya había adelantado que esta iniciativa sería una de las primeras en ser debatidas tras la semana de representación, compromiso que se concretó con la votación final.
Nuevo marco legal frente al crimen organizado
Con esta decisión, el Parlamento busca dotar al sistema de justicia de un nuevo instrumento legal para enfrentar la criminalidad organizada. Sin embargo, el debate parlamentario dejó en evidencia que persisten diferencias sobre su efectividad y los riesgos de su aplicación.
