Durante la sesión ordinaria N.° 15-2025, realizada el lunes 21 de julio, el Concejo Municipal de Sullana aprobó de forma unánime una moción que autoriza al alcalde Marlem Mogollón Meca a gestionar, ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la declaratoria de emergencia en la provincia. La medida responde al incremento de la delincuencia y el crimen organizado, fenómenos que han superado la capacidad operativa de la Policía Nacional en esta jurisdicción.
La moción fue presentada por el regidor Julio Ruiz Zapata y contempla una serie de acciones y demandas orientadas a fortalecer la seguridad en Sullana y sus distritos.
Solicitan intervención de las Fuerzas Armadas y cambios en la Policía
Entre los puntos centrales del acuerdo figura el pedido de cambio del general de la Macro Región Policial Piura, así como la evaluación del personal policial destacado actualmente en Sullana. Se solicita, además, el apoyo urgente de las Fuerzas Armadas para reforzar el control interno ante el avance del crimen organizado.
La moción incluye también la necesidad de dotar de mayor logística y equipamiento a todas las unidades policiales que operan en la provincia. Asimismo, se plantea la implementación de una unidad especializada en inteligencia y la creación de una fiscalía dedicada exclusivamente al combate del crimen organizado.
Piden financiamiento para videovigilancia y más fiscales
El documento aprobado también demanda el financiamiento inmediato de los proyectos de videovigilancia para Sullana y sus distritos. En materia de infraestructura, se exige la ejecución de las comisarías de Nueva Sullana y Bellavista, actualmente en etapa de planificación o sin presupuesto asignado.
Otro de los puntos destacados de la moción es la solicitud de un mayor presupuesto para la contratación de fiscales en la Unidad de Flagrancia Delictiva, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del Ministerio Público ante hechos delictivos.
Finalmente, el Concejo Municipal instó a los congresistas de la región Piura a respaldar estas demandas ante el Poder Ejecutivo y a coordinar acciones legislativas que contribuyan a atender de forma urgente la problemática de seguridad que atraviesa la provincia.