Marcelino Inga, comunero de Catacaos. Foto: Walac Noticias.

Esta mañana, más de 200 comuneros de Catacaos realizaron una marcha en Piura, mediante la que exigieron que empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana no les arrebaten las tierras que, desde años, ellos ocupan.

Al respecto, el comunero y vocero de esta marcha, Marcelino Inga, indicó que, este jueves 11 de noviembre, se realizará un juicio en el que se definirá un posible desalojo de los comuneros asentados en un terreno de 1,895.40 hectáreas, que se encuentra en disputa con la Asociación Civil San Juan Bautista (hoy Agrícola San José). 

«Y nosotros venimos a reclamar porque tendremos un juicio de usurpación que esta empresa nos calumnia a nostros por ser comuneros, porque nosotros vivimos en el campo; y porque vivimos en ese territorio por años por nuestros ancentros. Nosotros venimos a reclamar porque no es justo que empresas vinculadas al sodalicio pretendan apoderarse de nuestras tierras, de nuestra Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos». Así lo señaló Marcelino Inga, a Walac Noticias.
Los comuneros exigen justicia. Foto: Ana Claudia Jiménez / Walac Noticias.

Asimismo, agregó que si el Poder Judicial falla a favor de dicha empresa, más de 200 familias, dedicadas a la crianza de ganado caprino y ovino, se verían afectadas. No obstante, también indicó que, a pesar de que se determine el desalojo, ellos no abandonarán sus terrenos. 

«Nosotros en ningún momento vamos a salir del territorio, en ningún momento vamos a dejar esas tierras, porque esas tierras nos pertenecen ancestralmente. Nosotros no necesitamos tener el territorio registrada en Registros Públicos; la tierra es de nuestra comunidad y no se puede vender a ningún otro extranjero», finalizó Inga.

Ellos exigen que el Poder Judicial haga justicia y «no se parcialice» con las empresas denunciantes.

DATO:

Esta problemática data del año 2011. Durante estos 10 años de constante pugna por las tierras, dos comuneros cataquenses han sido asesinados, 7 han resultado heridos y otros 39 han sido denunciados, según la data de la Unidad de Protección de Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

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