El decano del Colegio de Arquitectos del Perú – Regional Piura, Leopoldo Villacorta, hizo un llamado urgente para abordar con seriedad el financiamiento de las edificaciones patrimoniales en la ciudad, muchas de las cuales se encuentran en riesgo de colapso por el deterioro estructural, la falta de mantenimiento y la desatención normativa.
En ese contexto, Villacorta propuso una iniciativa concreta: promover créditos de bajo interés y a largo plazo dirigidos a propietarios de inmuebles declarados como patrimonio histórico, a través de mecanismos articulados con entidades financieras como las Cajas Municipales.
Este planteamiento responde al principal obstáculo identificado para la conservación de las casonas: la falta de recursos económicos por parte de los dueños para asumir los altos costos de restauración, sumados a la exigencia legal de que el Estado no puede intervenir en propiedades privadas, pese a su valor patrimonial.
Únete al canal de WhatsApp
“Esa es siempre la excusa: no hay dinero para preservar edificaciones que tienen más de cien años. Pero si desde los gobiernos locales se impulsa un acuerdo histórico para protegerlas —por ejemplo, mediante convenios con la banca municipal— podríamos revertir esta situación crítica antes de que sea irreversible”, señaló Villacorta.
La propuesta cobra mayor sentido ante la cercanía del año 2032, cuando se conmemorarán los 500 años de la fundación española de Piura, lo cual representa una oportunidad histórica para recuperar el centro monumental de la ciudad. Este espacio abarca casonas emblemáticas como las de Miguel Grau, ícono de la historia nacional.
Situación crítica del patrimonio
Actualmente, según reportes de la Municipalidad Provincial de Piura, casi el 30% de los inmuebles en la zona monumental presentan un alto riesgo de colapso, debido a años de abandono, filtraciones provocadas por lluvias y la ausencia de mantenimiento.
La arquitecta Irina Delgado, jefa de la Subgerencia de Desarrollo Urbano, advirtió que más de 30 predios históricos muestran deficiencias graves. Entre ellos destacan la Casa Temple Seminario, y diversas propiedades ubicadas en los jirones Arequipa, Cusco, La Libertad, Apurímac, Lima y otros puntos críticos del centro histórico.
A pesar de las alertas, la ley vigente impide que el Estado intervenga directamente en estos inmuebles por tratarse de propiedad privada. Por ello, la comuna ha notificado a los dueños para que ejecuten medidas de seguridad y conservación, como revisión de instalaciones eléctricas, limpieza de techos y patios, y elaboración de planes de emergencia.
Marco legal y experiencias regionales
El decano Villacorta también sugirió que los representantes de Piura en el Congreso impulsen una modificación normativa que facilite el acceso a financiamiento para restaurar patrimonio privado, una fórmula que ya se aplica en países como Chile y Colombia, donde existen líneas de crédito especiales y beneficios tributarios para este tipo de inversiones.
Más propuestas
Los congresistas podrían tomar una propuesta legislativa similar a la aplicada recientemente en Lima: que un porcentaje específico —podría ser el 1%, 2% o incluso el 3%— del total de la tributación que generan las grandes empresas que operan en Piura se destine directamente a la preservación y mantenimiento de los espacios públicos con valor histórico. Esta medida no se enfocaría en propiedades privadas, sino en aquellos bienes que, por su carácter patrimonial, forman parte de la memoria colectiva y deben ser protegidos como legado para las futuras generaciones.
En ese contexto, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura debe asumir un rol protagónico como entidad líder en esta cruzada por la preservación del patrimonio histórico de la región. Le corresponde no solo promover activamente la conservación de los espacios y edificaciones con valor cultural, sino también articular acciones y generar las condiciones necesarias que garanticen su protección efectiva a largo plazo.
Desde el gremio de arquitectos se espera que esta propuesta motive un debate nacional sobre el rol del Estado y del sector privado en la defensa del patrimonio histórico, especialmente en ciudades con tanto valor simbólico como Piura.
