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En el tercer día de audiencia, el fiscal José Domingo Pérez culminó con exponer los elementos de convicción que sustentan su pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, a quien le imputa el delito de lavado de activos.

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En su argumentación definió el número exacto de personas que, pese a figurar como aportantes a las campañas de 2011 y 2016, negaron haber hecho algún abono para financiar las actividades proselitistas de la excandidata presidencial.

Para 2011, Pérez enumeró 23 falsos aportantes, mientras que para 2016 contabilizó 26. Aclaró, no obstante, que se trata de los individuos que fueron plenamente identificados al haber declarado ante su despacho.

La hipótesis del Ministerio Público es que la compañía Odebrecht entregó US$1 millón ilícitos en manos de los exdirigentes fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya para costear los actos proselitistas de 2011.

Tras conocerse que los empresarios Dionisio Romero Paoletti (Credicorp) y Vito Rodríguez (Grupo Gloria) revelaron que donaron US$3 millones 650 mil y US$200 mil en efectivo, respectivamente, Pérez sostiene que parte de ese dinero fue “lavado” por Fujimori para hacerlo parte de su patrimonio.

“NO HUBO LAVADO”

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, se concentró ayer en señalar que las evidencias que se imputan a su patrocinada no alcanzan un mínimo de “sospecha grave” para dictarle los 36 meses de prisión preventiva.

Aseguró que las presuntas faltas que se atribuyen a Fujimori no constituyen delito.

“La línea base de imputación ha sido siempre que Odebrecht entregó aportes ilícitos, pero no hemos escuchado nada de esa tesis aquí (…), el reproche (imputación) ahora es un supuesto aporte de empresarios nacionales que han reconocido que su dinero es de fuente lícita”, manifestó en la audiencia.

En esa línea, Loza sostuvo que con esos hechos no se configura el lavado de activos. “No hay delito de lavado en un aporte de un empresario nacional”, insistió.

“Si Keiko Fujimori fue presa por los aportes de Odebrecht, ahora vemos que los empresarios nacionales fueron las fuentes de los aportes; se la privó 13 meses de su libertad, este es un asunto grave”, expresó.

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