La Contraloría detectó presuntas irregularidades en la distribución de canastas básicas para familias vulnerables en el marco del estado de emergencia por la COVID-19, en las municipalidades distritales de Máncora (Talara), Lalaquiz (Huancabamba) y Yamango (Morropón). Así lo informó diario Correo.
Al parecer, dichas comunas incluyeron como beneficiarios de los víveres de primera necesidad a personas que habían fallecido.
De acuerdo al informe de oficio posterior N° 3613-2021-CG/SADEN-AOP, el órgano de control detectó que la Municipalidad de Lalaquiz incluyó como beneficiarios a 3 personas fallecidas. Dos de estas eran mujeres y uno era varón, y que cuyos certificados de defunción son del 2007, 2015 y 2017.
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De esta manera, se estaría atentando con el destino y uso de los recursos asignados para la población vulnerable afectada por la pandemia.
Del mismo modo, mediante los informes N° 3614-2021-CG/SADEN-AOP y N° 3615-2021-CG/SADEN-AOP, realizados a la municipalidad de Máncora y Yamango, respectivamente, la Contraloría detectó que en el padrón de beneficiarios de cada comuna se consignó a una persona fallecida en el 2017 y 2012.
Dato
Ante las presuntas irregularidades, la Contraloría otorgó a cada uno de los tres municipios la facultad para el inicio de las acciones que correspondan.
Además de comunicar a cada Órgano de Control Institucional de las Municipalidades Provinciales, las acciones a implementar en un plazo no mayor a 20 días.
