La Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento de Perú (Accep) emitió un comunicado este sábado solicitando a sus asociados una revisión inmediata de sus instalaciones tras el desplome del techo del Real Plaza Trujillo, ocurrido el viernes 21 de febrero. Este trágico incidente dejó un saldo de seis fallecidos y 78 heridos, generando alarma sobre la seguridad de las infraestructuras comerciales en el país.
«Hemos solicitado a nuestros asociados una revisión inmediata de sus instalaciones para reforzar las medidas de prevención y evitar cualquier riesgo en el futuro», señaló Accep en su comunicado. El gremio aseguró que seguirá informando «conforme avancen las investigaciones y las acciones que se tomen» sobre la tragedia.
Antecedentes: cierre y reapertura del Real Plaza Trujillo
El caso del Real Plaza Trujillo no es nuevo. El 29 de diciembre de 2023, la Municipalidad de Trujillo ordenó el cierre temporal del centro comercial debido a deficiencias estructurales, lo que generó polémica entre políticos y gremios empresariales. En ese momento, el propio Real Plaza emitió un comunicado asegurando que las observaciones realizadas por las autoridades no representaban «un peligro inminente» ni justificaban el cierre del establecimiento.
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Una semana después, el 4 de enero de 2024, el centro comercial anunció su reapertura, afirmando que las instalaciones estaban en «perfecto estado». Sin embargo, esta decisión fue cuestionada por algunos sectores, incluyendo al entonces alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, quien había advertido sobre los riesgos potenciales del lugar.
Críticas de Accep durante el cierre
Durante el período en que el Real Plaza estuvo cerrado, el presidente de Accep, Carlos Neuhaus, criticó duramente la medida adoptada por la Municipalidad de Trujillo. Según Neuhaus, una ley prohíbe los cierres de establecimientos salvo que exista «un peligro inminente de daños a la vida y seguridad de las personas».
En ese contexto, Neuhaus acusó a las autoridades municipales de «inventar que hay un daño inminente», argumentando que los cables eléctricos señalados como deficiencias cumplían con las normas vigentes en el momento de la construcción del centro comercial. Además, calificó de «lamentable» la actitud del entonces alcalde Arturo Fernández, a quien responsabilizó de generar un impacto negativo en la economía local con el cierre del establecimiento.
