En esta cuarta edición del Coresec, con la presencia de Vicente Zeballos, ministro de Justicia y Derechos Humanos, se abordó la situación de los establecimientos penitenciarios y albergues, localizando la problemática y las acciones para solucionarla.

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El gobernador regional Servando García, quien también estuvo presente, indicó que vienen trabajando con la Policía, las rondas campesinas e implementando programas que permiten la construcción de canchas deportivas, impulsando también el sector Educación”, acotó García Correa.

“El Gobierno Regional de Piura, como parte integrante del Coresec, tiene consideradas algunas líneas de acción para contrarrestar esta problemática, junto a la inversión en obras y proyectos, que acorten las brechas sociales, donde también están considerados proyectos de inversión que atañen directamente a la seguridad”, agregó.

Minería ilegal

César Augusto Orrego Azula, jefe de la Oficina Defensorial de Piura, estuvo a cargo sobre el informe del seguimiento de los compromisos asumidos en la primera sesión descentralizada ejecutada en el distrito de Las Lomas, donde se formó una comisión para que evalúe de manera íntegra el problema de la minería ilegal.

Este tema fue tratado en tres ejes: proceso de formalización de la actividad minera en la región, impactos de la minería informal y propuestas para combatir este problema social.

“La minería en Piura es un problema social irresuelto y afecta frontalmente a los derechos de la vida, la salud, libertad, trabajo, el agua y dignidad, teniendo un impacto negativo frente a la seguridad de nuestra comunidad, generando inseguridad ciudadana”, enfatizó Orrego Azula.

Asimismo, se contó con la exposición de Lucas Leoncio Núñez Córdova, jefe de la primera Macro Región Policial Piura – Tumbes, quien habló de las medidas de seguridad a implementarse en este distrito, en donde el problema de la inseguridad está estrechamente vinculado al ejercicio de la minería ilegal.

Finalmente, ministro Vicente Zeballos planteó la propuesta de integrar al Coresec a representantes del Establecimiento Penitenciario Piura y Sullana y el Centro Juvenil de Piura, la misma que fue aceptada por todos los miembros del comité.

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