Después del caso que conmocionó al Perú de la niña de 3 años en la región Lambayeque, y luego que el Gobierno indicará que presentará la propuesta de castración química; el abogado penalista de la Universidad de Piura (UDEP), Percy García Cavero, señaló que eso no es la solución y no tendría la mayor efectividad.
Populista
“El sistema penitenciario peruano no tiene la capacidad para ejecutar un procedimiento que requiere médicos e infraestructura, es una declaración populista. No son más populistas diciendo la pena de muerte, porque claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos está protegiendo y ayudando al gobierno en todos sus conflictos, hay una especie de juego conjunto entre la CIDH y el actual gobierno; por eso no hablan de pena de muerte, si no existiese ese contexto de juego en equipo, entonces seguro el señor Castillo habría salido a decir pena de muerte”, explicó Percy García Cavero.
El penalista agregó que dicha medida es cuestionable por la idoneidad; porque existen estudios que aseguran que la castración química no produce un efecto asegurado de inhibición del libido a los violadores.
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“Donde falla el problema, es en el plano preventivo porque tenemos una cultura cargada de sexualidad; hay parámetros machistas y mientras no se cambie esos factores no se podrá prevenir. En eso hay que trabajar y eso no es populista porque es un trabajo a largo plazo y sus efectos no se verán ni mañana, ni en una semana; sino en años, pero mientras no se emprenda ese trabajo, nunca se podrá ir contra ellos así se ponga pena de muerte, castración química, biológica, siempre habrán personas que violen”, recalcó García. Para el docente de Derecho Penal de la UDEP, Ronald Vílchez Chinchayán, estas medidas “no sirven”.
“Ir pensando en medidas así, sin sentarse a ver si funcionan o no, nos genera un Código Penal que sobre el papel parece muy fuerte y duro; pero finalmente son medidas que no sirven porque nos concentramos en contentar ciertos clamores y que no se sabe cómo funciona el sistema y ahí está el problema”, explicó Vílchez.
Operadores jurídicos
Recalcó que es urgente concentrarse en los operadores jurídicos (policías, jueces, fiscales, defensores) si cuentan con los recursos económicos suficientes para que exista un funcionamiento adecuado de la justicia.
“Con la castración química no se tiene la certeza que nos dé el resultado que finalmente queremos porque existen estudios al respecto (…). Es importante estudiar medidas como esta; pero más importante aún es advertir que el derecho no es la panacea, no es la píldora que nos va a solucionar todos los males; sino el último recurso, hay que poner la atención en cómo funcionan las cosas en la familia, en los colegios, en los centros de formación, los valores; porque esto nos permitirá atajar esta clase de conducta”, mencionó Vílchez.
Modificación al Código Penal
Finalmente, la penalista, Sadith Aponte Coronado precisó que esa alternativa implica la modificación al Código Penal y la Constitución Política.
“El Perú está adscrito al Pacto de San José y dentro de ese límite no se puede aplicar una doble pena que no sería sostenible en el tiempo (...)”, dijo Aponte.
Precisó que la castración química representa un gasto presupuestal para el Estado y que este debería preocuparse por un debido proceso.
“Lamentablemente, hasta ahora las personas que intervienen en los procesos de esta naturaleza, como por ejemplo los policías, no saben manejarla, estudiarla y lo dejan a la deriva (...)”, mencionó Aponte.
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