Diversos congresistas cuestionaron ayer a cuatro legisladores del Frente Amplio que votaron en contra de la aprobación de la ley que prohíbe a los condenados por terrorismo, o por apología a la subversión, trabajar en el sector público.
La norma fue aprobada con el voto de 79 legisladores, 0 abstenciones y 4 votos en contra. Estos fueron el piurano Hernando Cevallos, Humberto Morales, Rogelio Tucto y Zacarías Lapa. Todos del partido de Marco Arana. A ellos se unió Justiniano Apaza, quien no asistió al pleno, pero ayer rechazó abiertamente la ley y consideró que atenta contra el derecho al trabajo.
Apoyan al terrorismo
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Al respecto, el fujimorista Héctor Becerril sostuvo que es una costumbre de la izquierda hacerle el juego al terrorismo desde el Parlamento.
“Hay congresistas como Apaza que creen que Néstor Serpa Cartolini (cabecilla del MRTA) fue un preso político. Tucto, que dice que se debe indultar al terrorista Abimael Guzmán. La misma Foronda, que contrató a una exemerretista, o Cevallos, que quiere darle trabajo al senderista Osmán Morote”, sostuvo el legislador.
A juicio de Becerril, dicha posición revela el verdadero sentir de la izquierda en el Parlamento. “Ya no esconden sus intenciones de apoyar al terrorismo”, aseveró.
Para Yonhy Lescano (AP), la defensa del Frente Amplio a exterroristas es un grave error que les costará políticamente. “Ellos tienen que deslindar un poco más con el terrorismo para que sean una verdadera izquierda en el Parlamento”, opinó.
De igual modo, el aprista Javier Velásquez Quesquén indicó que la izquierda buscó generalizar el dictamen para evitar su aplicación.
“Un condenado por terrorismo no se resocializa. Ya hemos visto a Morote y otros que creen que el pensamiento ‘Gonzalo’ es el que guía su orientación política, que es destruir el Estado democrático. No podemos permitir que los que no creen en la democracia se infiltren en ella para socabarla”, manifestó.
En esa línea, dijo que la bancada del FA tiene una conducta que se acerca al delito de “apología al terrorismo” y que ello no se puede permitir.
Mantienen su postura
Pese a las críticas, los implicados insistieron en su postura. Apaza, por ejemplo, sostuvo que no permitir que un exterrorista labore en el Estado atenta contra su derecho al trabajo y de reivindicarse con la sociedad.
“Según constitucionalistas y gente entendida en la materia, el proyecto atentaría contra el derecho al trabajo, a la reinserción, a reivindicarse. Hasta que la ley no se dé todavía, estamos en el compás de que todo ciudadano por ley tiene derecho a trabajar en los sitios que más convengan”, sostuvo el también presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso.
Desde el punto de vista de Apaza, el fujimorismo busca satanizar a la izquierda como terrorista.
Entre tanto, Hernando Cevallos aseguró que una persona sentenciada por terrorismo tiene todo el derecho a reinsertarse en la sociedad. “Esta decisión está al margen de la Constitución, deberíamos reglamentar a todos los que han cometido delitos. Es un tema en general, no solo es terrorismo”, argumentó.
El izquierdista propuso que se reflexione sobre la forma en que los exterroristas pueden laborar en algunas instituciones del Estado, pero no en sectores claves e importantes como el Parlamento. “Debe diseñarse en qué lugar se deben reinsertar en la sociedad”, sostuvo.
Durante el debate de ayer, Morales manifestó que en los 80 hubo también terrorismo de Estado y que no se puede ser estrictos con una parte y negarle un derecho constitucional.
Lapa se mostró en contra de que la norma sea retroactiva y se perjudique a exterroristas que laboran actualmente en el Estado. “Se está diciendo que van a existir despedidos. Los derechos laborales son irrenunciables y lo dice la Constitución, que la hicieron los fujimoristas”, enfatizó.
Por su lado, Tucto expuso que se incluya en la norma a los que son sentenciados por los delitos de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas
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