El incremento de las extorsiones y otros delitos limita el desarrollo económico de Piura, al afectar las ventas de los negocios, elevar sus costos operativos y reducir la capacidad adquisitiva de las familias. Así lo advirtió Miguel Alzamora Hinostroza, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), quien señaló que la inseguridad se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el crecimiento regional.
Durante una entrevista con Walac Noticias, el especialista indicó que Piura registra un aumento significativo de homicidios y extorsiones durante los últimos cinco a seis años. Precisó que esta problemática se ha extendido a diferentes provincias, con especial incidencia en Sullana y sectores de Morropón.
Alzamora explicó que las actividades comerciales se ven perjudicadas porque algunos establecimientos reducen sus horarios de atención, destinan mayores recursos a medidas de protección o incluso suspenden sus operaciones. Ante ello, indicó que los gobiernos deben reorientar parte de sus presupuestos para enfrentar la delincuencia cuanto antes.
Extorsiones elevan los costos de los negocios
El transporte urbano es uno de los sectores que más evidencia los efectos económicos de la inseguridad. Según Alzamora, una evaluación preliminar del IPE identificó que durante 2025 los costos de este servicio aumentaron, una variación que podría estar relacionada con el avance de las extorsiones, pese a la relativa estabilidad de los precios de los combustibles. Esta situación también alcanza a bodegas, pequeños comercios y microempresas, cuyos gastos adicionales pueden trasladarse al precio final de los productos y servicios.
A escala nacional, el economista citó una estimación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que sitúa en aproximadamente S/ 30 mil millones anuales el costo económico del crimen y la inseguridad en el Perú.
Aunque no existe una cifra específica para Piura, advirtió que estas pérdidas afectan la competitividad regional. Sobre ello, mencionó que se limita el potencial principalmente de sectores como el comercio, los servicios, la gastronomía y el transporte.
El especialista también advirtió que la continuidad de estos delitos compromete los ingresos de las familias que dependen de pequeños negocios y actividades comerciales. Además de reducir las oportunidades de inversión y empleo, la inseguridad disminuye la capacidad de consumo de los hogares. Esto se debe a que parte de sus recursos debe destinarse a cubrir los mayores costos que genera la delincuencia.
Plantean acciones contra la inseguridad
Frente a este escenario, Alzamora consideró necesario articular acciones entre el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, el Gobierno Regional y las municipalidades. Entre las medidas propuestas mencionó mejorar la distribución de los recursos policiales y fortalecer el patrullaje. También destacó la importancia de implementar centros de monitoreo local para reforzar la seguridad ciudadana.

