El exministro de Educación Óscar Becerra sostuvo que el Congreso de la República del Perú no tendría motivos para rechazar el crédito suplementario que solicitará el Ejecutivo con el fin de garantizar el financiamiento del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. Este presupuesto permitirá sostener becas de pregrado y posgrado, incluida la Beca Generación Bicentenario.
Piden respaldo político ante demanda estudiantil
Según el exfuncionario, la aprobación del presupuesto debería concretarse sin mayores objeciones, considerando la expectativa de miles de estudiantes que dependen de estas subvenciones para continuar su formación académica. Sin embargo, planteó que este respaldo debe ir acompañado de condiciones orientadas a mejorar el funcionamiento del programa.
Alertan sobre fuga de talento financiado con recursos públicos
Uno de los puntos críticos señalados es que alrededor del 40 % de beneficiarios de la Beca Generación Bicentenario que cursan estudios en el extranjero no retorna al país. Para Becerra, esta situación representa no solo una pérdida económica, sino también un problema ético, al tratarse de profesionales formados con recursos del Estado que no contribuyen posteriormente al desarrollo nacional.
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Proponen reingeniería del sistema de becas
En ese contexto, el exministro planteó la necesidad de una reforma estructural del Pronabec. Entre las medidas sugeridas figuran la implementación de reglas más estrictas, mecanismos de seguimiento y cláusulas contractuales que aseguren el cumplimiento del compromiso de retorno.
Asimismo, propuso establecer sanciones más claras para quienes incumplan las condiciones del programa, con el objetivo de evitar que las becas se conviertan en un incentivo para la migración permanente de talento.
Debate abierto sobre inversión educativa
Finalmente, Becerra cuestionó la idea de que exista un abandono estatal hacia los becarios, al considerar que parte de los beneficiarios opta por no regresar al país tras culminar sus estudios. En ese marco, insistió en que el debate debe centrarse en cómo optimizar el uso de los recursos públicos sin afectar el acceso a oportunidades educativas.
