La Contraloría General de la República advirtió que el proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote Z-6, con importante potencial de gas natural, permanece paralizado desde hace más de 13 años. Esta situación ha impedido la generación de energía y la captación de ingresos para el Estado peruano.
El organismo de control señaló que la empresa estatal Perúpetro S.A. no ha logrado gestionar ni resolver las causas que originaron la interrupción del proyecto, lo que ha frenado el inicio de la fase de explotación pese a los avances alcanzados en años anteriores.
Ubicación estratégica y potencial energético del Lote Z-6
El Lote Z-6 se ubica frente a las costas de Piura y Lambayeque, una zona clave para el desarrollo energético del país. El contrato fue firmado en marzo de 2002 entre Perúpetro S.A. y la empresa operadora, estableciendo plazos de hasta 30 años para la explotación de petróleo y 40 años para gas natural.
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De acuerdo con el Informe de Visita de Control N.° 001-2026-OCI/4654-SVC, elaborado en febrero de 2026, el contratista cumplió en su totalidad el Programa Mínimo de Trabajo. Además, en 2009 se confirmó un hallazgo comercial de gas natural en el yacimiento Esperanza, con reservas estimadas en 26.6 billones de pies cúbicos.
Conflictos sociales frenan la explotación desde 2012
A pesar del descubrimiento, la etapa de explotación no ha podido iniciarse. La paralización comenzó en abril de 2012 debido a conflictos sociales en la zona de influencia del proyecto, especialmente en la Bahía de Sechura.
Esta situación fue catalogada como “fuerza mayor”, una condición legal que implica hechos extraordinarios, imprevisibles e inevitables. Sin embargo, la Contraloría cuestiona que este argumento se mantenga vigente tras más de una década sin soluciones efectivas.
Falta de gestión y diálogo agrava el estancamiento
El ente fiscalizador identificó que, durante estos años, no se promovieron espacios de diálogo suficientes entre la empresa operadora, las comunidades locales y las autoridades. Tampoco se gestionó adecuadamente la intervención de entidades responsables de prevenir conflictos sociales.
Esta falta de acciones ha contribuido a prolongar la inactividad del proyecto, afectando directamente el cumplimiento del contrato y su propósito de interés público.
Contraloría exige medidas correctivas a Perúpetro
Frente a este escenario, la Contraloría concluyó que la prolongada paralización pone en duda la validez de la “fuerza mayor” como justificación. Además, advirtió que esta situación impide alcanzar los objetivos contractuales vinculados al aprovechamiento de recursos energéticos.
Por ello, recomendó remitir el informe al titular de Perúpetro S.A. para que adopte medidas preventivas y correctivas. La entidad deberá informar al Órgano de Control Institucional sobre las acciones implementadas, sustentando cada decisión con la documentación correspondiente.
