El abogado penalista y especialista en concesiones mineras y consulta previa, Dr. Dino Carlos Caro Coria, aclaró que la sola entrega de una concesión minera no implica la autorización para iniciar actividades extractivas, ni representa afectación inmediata al medio ambiente o a las comunidades locales.
Así lo explicó durante su participación en el programa radial Impulso Norte de Radio Inspiración, en el que abordó el proceso legal y social detrás de los proyectos mineros en el país.
“El otorgamiento de una concesión minera es solo el primer paso y no equivale a la autorización de actividades como exploración o explotación. Es un derecho real de carácter espectaticio, que requiere cumplir con numerosas condiciones legales para activarse”, detalló el especialista. En términos prácticos, comparó la concesión con la adquisición de un terreno: “tener el terreno no significa que ya puedo construir; primero necesito una serie de licencias”, indicó.
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Caro Coria precisó que una empresa minera, tras obtener una concesión, debe someterse a una cadena de procesos adicionales para avanzar hacia fases operativas. Estos incluyen licencias ambientales, estudios de impacto ambiental y autorizaciones de exploración, los cuales pueden tomar entre dos a seis años o más, dependiendo de la magnitud del proyecto y de la evaluación técnica y social.
Consulta previa
Respecto a la consulta previa, el jurista enfatizó que esta se aplica exclusivamente cuando un proyecto minero pretende avanzar hacia la etapa de exploración o explotación en territorios habitados por comunidades indígenas reconocidas por el Ministerio de Cultura.
“La consulta previa no se realiza para otorgar la concesión. Solo es obligatoria cuando el proyecto puede generar impacto directo sobre pueblos indígenas u originarios”, explicó, recordando que se trata de un derecho reconocido por el Convenio 169 de la OIT y la normativa nacional.
Proyectos mineros en la región Piura
Consultado sobre los proyectos mineros en las provincias de Piura, como Algarrobo en Tambogrande o Río Blanco en Ayabaca y Huancabamba, el abogado sostuvo que toda iniciativa debe realizarse con participación activa de la comunidad. “No hay posibilidad de desarrollo si no hay un trabajo conjunto con la población. La empresa debe demostrar que el proyecto genera empleo, mejora ingresos y respeta derechos fundamentales”, advirtió.
En cuanto a los tiempos para obtener una concesión, explicó que el proceso puede durar entre seis meses y un año, aunque las etapas posteriores pueden extenderse por años debido a la complejidad técnica, ambiental y social.
Finalmente, el Dr. Dino Caro señaló que la existencia de una concesión minera no representa, por sí sola, una amenaza. “El Estado no otorga concesiones debajo de plazas públicas o colegios. Si se diera una situación así, simplemente no sería viable. Lo que se otorga es una posibilidad de desarrollo sujeta a cumplimiento estricto de todas las normas”, concluyó.
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