A través de un pronunciamiento, la Cámara de Comercio de Piura expresó su más enérgica preocupación por el avance de la criminalidad en nuestra ciudad y región. Según datos del Sistema Informático de Denuncias Policiales (SIDPOL), Piura ocupa actualmente el tercer lugar en denuncias por extorsión en el país, con un total de 1 253 casos reportados entre enero y mayo de este año, cifra mayor en un 51 % respecto al mismo periodo del 2024.
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«Esta realidad, lejos de mejorar, ha empeorado, instalando un clima de zozobra que golpea directamente a la ciudadanía. Además, se ensaña de manera particular en quienes impulsan el crecimiento económico, promueven el empleo formal y contribuyen al bienestar social», señalaron desde la CAMCO Piura.
También advirtieron que la extorsión y el crimen organizado están afectando de forma crítica a las empresas formales de todos los tamaños. Según la Encuesta Económica Anual que realiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2023, más del 20 % de empresarios piuranos declararon haber sido víctimas de algún hecho delictivo y, por ende, haber recibido amenazas relacionadas con cobros ilegales, pagos por “seguridad” o violencia directa contra su personal y familiares. Esta situación ha generado el cierre de operaciones, la paralización de inversiones y la pérdida de empleos formales.
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De acuerdo con el reciente informe de Demografía Empresarial del INEI, en el primer trimestre del presente año han cerrado 8 375 empresas en Piura, casi todas micro y pequeñas, siendo esta la cifra más alta de la historia, incluso superior al ingreso de empresas, que fue de 3 673. Esto significa la pérdida de más de 20 mil empleos y la suspensión de proyectos empresariales debido a riesgos vinculados a la inseguridad.
Además, se estima que por cada denuncia registrada hay al menos tres casos no reportados por temor a represalias. Desde la Cámara de Comercio indicaron que este panorama refleja una preocupante subestimación del problema.
«A esta situación se suma la expansión de la minería ilegal en la sierra piurana. Esta actividad, además de ocasionar daños ambientales severos, genera pérdidas significativas y está asociada directamente al financiamiento de estructuras criminales dedicadas al sicariato, el tráfico de armas y el lavado de activos», indicaron.
Agregaron que existe evidencia de que operan actividades ilegales en la región, generando una economía paralela que actúa con total impunidad y sin control del Estado, sobre todo en Tambogrande, Las Lomas y Suyo.
«Como gremio empresarial, reiteramos que no es posible hablar de desarrollo sostenible ni de atracción de inversiones si no se garantiza la seguridad. La criminalidad organizada está comprometiendo gravemente años de esfuerzo por construir una región competitiva, dinámica y generadora de oportunidades», enfatizaron.
Labor policial
En su comunicado, reconocieron la labor de los efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes arriesgan sus vidas enfrentando al crimen. Sin embargo, subrayaron que sus acciones se ven limitadas por la escasez de recursos, deficiencias logísticas y la ausencia de una estrategia regional coherente, moderna y sostenida.
En ese sentido, indicaron que la inseguridad ya no puede enfrentarse con operativos aislados ni reacciones tardías. Se requiere una política integral de seguridad, con objetivos precisos, indicadores públicos y responsabilidades claramente asignadas.
«Exigimos al Gobierno central y a las autoridades regionales mayor inversión en el fortalecimiento de la capacidad operativa y de inteligencia de la Policía Nacional en Piura», sostuvieron.
«Se requiere también un sistema judicial más eficiente, dotado de fiscales especializados y con protocolos claros para la protección de víctimas y testigos. Consideramos urgente fortalecer el trabajo articulado de los comités de seguridad que reúnen a los sectores público, privado y sociedad civil», añadieron.
Asimismo, exhortaron a los empresarios y ciudadanos a denunciar, y al Estado, a garantizarles la protección que hoy, lamentablemente, no tienen. El silencio y la impunidad solo fortalecen a quienes operan fuera de la ley.
«Nuestra institución no permanecerá indiferente ante esta amenaza. Seguiremos alzando la voz, movilizando esfuerzos y exigiendo resultados. Las autoridades deben pasar de las declaraciones a las acciones concretas. La región y el país no solo lo merecen, lo demandan», concluyeron.
