Las Cámaras de Comercio de Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura demandaron al Estado tomar acciones inmediatas ante el incremento de la violencia en la provincia de Pataz. Esto tras los recientes ataques vinculados al crimen organizado que dejaron un saldo de trece personas asesinadas y ocho heridas.
En un pronunciamiento conjunto, los gremios empresariales condenaron enérgicamente el asesinato de trabajadores de una empresa minera artesanal que operaba en vínculo con Minera Poderosa. Así como el ataque armado a la planta de Minera Caravelí, ambos ocurridos en dicha provincia liberteña. Los hechos evidencian —según los gremios— que organizaciones criminales han tomado el control de zonas estratégicas, superando ampliamente la capacidad de respuesta del Estado.
Los empresarios lamentaron la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades. Señalan que los dispositivos policiales carecen del equipamiento adecuado y no logran contener la escalada de violencia.
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“La situación exige una evaluación urgente sobre la posible declaración del estado de sitio en Pataz, con el objetivo de recuperar el control territorial sin generar mayor tensión social”, señalaron.
Piden estrategia integral
Las cámaras también reclamaron una estrategia integral contra la minería ilegal y las redes criminales asociadas. En esa línea, exigieron operativos sostenidos, inteligencia operativa reforzada y la desarticulación de las fuentes de financiamiento que sustentan estas actividades ilícitas.
Asimismo, instaron a las más altas instancias del Estado —Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional— a actuar de forma coordinada y sin dilaciones.
“No se puede seguir postergando la respuesta del Estado mientras se deteriora la seguridad y la economía formal de la región”, recalcaron.
Entre los pedidos concretos figura también la modificación urgente del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al que acusan de haber facilitado la impunidad de actividades ilegales.
Finalmente, los gremios comerciales del norte hicieron un llamado a la ciudadanía, empresarios y sociedad civil organizada a alzar la voz. Además de exigir medidas firmes para restablecer el orden y proteger a quienes operan dentro del marco legal.
