El decano del Colegio de Abogados de Piura, Hernán Ruiz Arias, advirtió que en las provincias de Piura y Sullana hay un grave déficit de jueces y fiscales. Esto ralentiza los procesos judiciales y dificulta la lucha contra la criminalidad.
Durante una conferencia de prensa, Ruiz Arias detalló que se necesitan al menos 200 jueces, 300 fiscales, 4 000 policías y 4 000 trabajadores adicionales para fortalecer el sistema de justicia en la región.
«Por eso los procesos avanzan lentamente y no se puede sancionar con rapidez a los agresores. Necesitamos que el Gobierno asigne el presupuesto necesario para cubrir estas plazas y reforzar la seguridad y la justicia», enfatizó.
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Urgencia en la lucha contra la extorsión y la corrupción
El decano también expresó su preocupación por el aumento de la extorsión y la corrupción en la región. Él señaló que sin un sistema judicial sólido, será difícil combatir estos delitos.
«No queremos más presidentes, ministros o altos funcionarios procesados por corrupción. La juventud ve estos casos y se pregunta: ‘Si ellos roban, ¿por qué yo no puedo hacerlo?’. Necesitamos ser firmes para que el delincuente lo piense dos veces antes de actuar», sostuvo Ruiz Arias.
Además, instó a la unión entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía y la ciudadanía. Ello con el fin de hacer frente a la criminalidad y frenar la ola de extorsiones que afecta a la región y al país.
Irregularidades en el Colegio de Abogados
Por otro lado, Ruiz Arias denunció que su institución habría sido dirigida de manera irregular en años anteriores, con un manejo indebido de los fondos del Colegio de Abogados.
«Las cuentas se manejaban de forma personal por algunos dirigentes. Ahora tendrán que rendir cuentas de qué hicieron con esos depósitos. Por ello, hemos decidido bancarizar las cuentas en la Caja Municipal y evitar que terminen en los bolsillos de ciertos dirigentes», explicó.
El Colegio de Abogados de Piura continúa exigiendo mayor transparencia en la gestión de recursos y un fortalecimiento del sistema judicial para garantizar el acceso a la justicia y la seguridad en la región.
