El partido político Ciudadanos por el Perú (CPP), asociado a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, logró su inscripción oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Con esta incorporación, CPP se convierte en la agrupación política número 40 habilitada para participar en las elecciones generales de 2026.
Nicanor Boluarte, quien desempeñó el cargo de viceministro de Trabajo durante el gobierno de Ollanta Humala, enfrenta investigaciones por presuntamente liderar la organización criminal denominada Los Waykis en la Sombra.
Investigación fiscal: presunto programa criminal
La Fiscalía señala que Los Waykis en la Sombra perseguía tres objetivos principales. El primero consistía en utilizar la red de prefectos y subprefectos para consolidar la creación del partido CPP. En segundo lugar, buscaba el control de Provías Descentralizado, supuestamente a través de Juan Enciso Zegarra. Finalmente, la organización intentaba obstaculizar investigaciones fiscales dirigidas contra sus integrantes.
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Según las investigaciones, Nicanor Boluarte habría operado bajo un “poder de facto” que le otorgó su hermana, la presidenta Dina Boluarte. Este presunto respaldo habría facilitado un plan criminal orientado al control de la Dirección General de Gobierno Interior, adscrita al Ministerio del Interior.
Imputaciones y vínculos en CPP
El Ministerio Público acusa a Nicanor Boluarte de realizar cobros indebidos en Cajamarca y San Martín para designar a prefectos y subprefectos. Además, Úrsula Isabel Quispe Fernández, presidenta de CPP, estaría relacionada con coordinaciones directas con el hermano de la mandataria. Estas acusaciones se basan en videos y conversaciones que habrían sido filtrados a las autoridades.
En el ámbito judicial, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó recientemente la orden de 36 meses de prisión preventiva que pesaba sobre Nicanor Boluarte. Cabe destacar que este último estuvo prófugo desde noviembre de 2024 hasta que se emitió esta decisión judicial.
La inscripción de CPP y las investigaciones en curso añaden tensión al escenario político peruano. Este caso, que involucra a un familiar directo de la presidenta, subraya los desafíos del país en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.
