La Policía Nacional del Perú, mediante la Dirección Contra la Trata de Personas, realizó un operativo de allanamiento en oficinas del Congreso de la República como parte de una investigación sobre una presunta red de trata de personas. Entre las áreas intervenidas figuran la Oficialía Mayor, ubicada en el Palacio Legislativo, y las oficinas de contratación de personal en Huallaga. Según las autoridades, estas podrían contener documentos relevantes para el caso.
Investigación alcanza a altos funcionarios
El operativo, liderado por una fiscal especializada, busca esclarecer posibles vínculos entre la supuesta red delictiva y figuras políticas de alto nivel. En este contexto, se espera que Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, ofrezca una conferencia de prensa para abordar el tema. La situación genera preocupación debido a los posibles actos de corrupción y abuso de poder que comprometen la credibilidad del Legislativo.
Durante una conferencia de prensa, Salhuana fue consultado sobre la designación de Jorge Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional, quien ahora enfrenta denuncias por presunto delito de explotación sexual. El titular del Congreso aseguró desconocer quién lo recomendó para el cargo, indicando que Torres Saravia ya ocupaba esa posición al asumir la presidencia.
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Tras conocerse las denuncias, Salhuana ordenó su inmediata destitución y anunció la reorganización de la Oficina Legal y Constitucional con el objetivo de garantizar mayor transparencia. No obstante, varios congresistas han solicitado su renuncia mientras continúan las investigaciones. Salhuana, por su parte, ha reiterado su compromiso de colaborar con las autoridades y mantenerse en el cargo para asegurar el correcto funcionamiento del Congreso.
Acciones de la Fiscalía y recopilación de pruebas
La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro avanza en las investigaciones preliminares contra Torres Saravia. Como parte del proceso, se pidió información clave a diversas áreas del Congreso, incluidos registros de cámaras de seguridad, documentos de la Oficina Legal y Constitucional, reportes de seguridad y datos del Departamento de Recursos Humanos.
Estas diligencias buscan reunir pruebas contundentes para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos.
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