El especialista en Derecho Electoral, Municipal y Regional, Julio Silva Meneses, explicó que el pedido de suspensión contra el alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orue, trasladado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al Concejo Municipal, por una presunta infracción al Reglamento Interno del Concejo (RIC), no tiene fundamentos para que proceda.
Para el abogado y master en derecho por la Universidad Carlos III de Madrid-España, la carta que dirige el alcalde provincial a la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, no constituye un acto de presión hacia la integrante del Gabinete Ministerial, ya que en dicho documento el burgomaestre solo expresa su respaldo al funcionario de Cofopri.
En ese sentido, para el especialista y abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el burgomaestre piurano no cometió ninguna infracción al Reglamento Interno del Concejo (RIC).
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“El pedido contra el alcalde de Piura no configura causal de suspensión. Considero que la comunicación que dirige a la ministra de Vivienda no constituye un acto que nos lleve a concluir que está induciendo o presionando a la citada funcionaria”, refirió.
Con respecto a alguna presunta responsabilidad penal, el abogado Julio Silva Meneses, considera que el oficio no resulta idóneo para materializar algún delito contra el alcalde, como presuntos delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias o negociación incompatible.
Pedido desatinado
Al respecto, la autoridad provincial, Gabriel Madrid Orue, calificó este pedido como “desatinado” y aseguró detrás de este caso estaría una exfuncionaria defendiendo a una empresa que busca atropellar los intereses del asentamiento Ollanta Humala. Además, del abogado Juan Carlos Álamo, quien fue funcionario de la gestión del exalcalde de Piura, Juan José Díaz Dios.
“Nadie me va a amedrentar, yo soy una persona que conozco mi función, se perfectamente por donde camino y mientras yo esté caminando en la legalidad no le tengo miedo a estos temas”, sostuvo la autoridad edil.
Minoría
El Jurado Nacional de Elecciones, a través del expediente n.º JNE.2023002127, trasladó la solicitud de suspensión del alcalde Gabriel Madrid Orue, la misma que estaría motivada presuntamente por dos regidores de minoría, quienes anteriormente formaron parte de la anterior gestión.
Ello debido a que, en el documento presentado ante el JNE, se puede leer claramente la frase: «Que, en calidad de vecinos, ciudadanos y regidores de la provincia de Piura, en consecuencia, legitimamos para presentar solicitud de suspensión contra el alcalde de Piura, señor Gabriel Madrid». Este hallazgo ha despertado cuestionamientos sobre la autenticidad de la solicitud y ha puesto en tela de juicio la independencia y la ética en el proceso.
En tanto, el partido político al que pertenece el alcalde reaccionó ante la situación, calificándola de una maniobra política destinada a dañar la reputación y la estabilidad del gobierno local. Ellos pidieron una investigación exhaustiva para determinar si existen pruebas sólidas que respalden la acusación contra Gabriel Madrid Orue.
Defiende titularidad de vecinos
Por otro lado, el denunciante, Jaime Salas aduce que el pedido de suspensión se basa en preocupaciones legítimas sobre la gestión del alcalde y el uso indebido de su cargo.
Sin embargo, la defensa del alcalde de Piura dejó en claro que en lo único hizo la autoridad edil es defender la titulación de cientos de familias que por más de 20 años vienen esperando su título de propiedad; por esa razón, propuso al Ministerio de Vivienda que siga como jefe de Cofopri, el Sr. Paul Arrunátegui quien con su amplia experiencia en el rubro aceleraría este proceso, pedido que no fue atendido, pues la actual jefa de Cofopri es Cecilia Alberca Chuyes.
Cabe mencionar, que en esta oportunidad el JNE está corriendo traslado a la Municipalidad de Piura, es decir actuando como mesa de partes, lo que significa que no ha emitido ningún veredicto.
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