«Las mujeres reivindican el derecho a decidir y nosotras el de ser reconocidas con una identidad de género que no corresponde, entre comillas, con nuestro sexo biológico», gritó una vez la fallecida activista travesti Lohana Berkins. 10 años han pasado y sus palabras no pierden vigencia, especialmente en el Perú y ciudades conservadoras como Piura, donde un grupo de mujeres trans exige el cambio de nombre y sexo en su DNI sin tener que someterse a un juicio personal.
La Asociación Civil Ángel Azul—ahora en Piura—sostiene que su comunidad exige la aprobación de la ley de identidad de género o un procedimiento administrativo que lo posibilite. Esto, en un intento de frenar la espiral de violencia y marginación que viven las mujeres trans. Sin embargo, denuncian que el Congreso y el Reniec se oponen.
“Si lo hicieran, no tendríamos que costear abogados ni ponernos en manos de los jueces, quienes, finalmente, deciden o rechazan nuestras solicitudes cuando nos sometemos a la vía judicial. En sí, este proceso es una vejación y una muestra de que la igualdad ante la ley es letra muerta”, indicó Gabriela Mariño, presidenta de la asociación.
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De igual forma, la activista trans señala que, si tuvieran un DNI que sí las represente, serían tratadas sin estigma ni discriminación cuando acuden a los servicios públicos o privados, como hospitales, bancos, comisarías y oficinas del Reniec.
El turno de las mujeres trans en Piura
La agrupación Ángel Azul ha llegado a Piura para recoger opiniones sobre el tema de un grupo de compañeras trans, gracias a la articulación con el grupo Trans-Organización Feminista por los DD.HH. de las Personas Trans.
Además de escucharlas, les presentarán los resultados de una encuesta efectuada durante pandemia a 100 mujeres trans de Lima sur. “Luego, recopilaremos los resultados, pues lo que se requiere es impulsar estudios desde la sociedad civil ante la inacción del Estado”, manifestó Gabriela Mariño.
Transfobia estatal y policial
Según los resultados de la encuesta, el 91% de las mujeres trans se han sentido discriminadas al ser llamadas por su nombre legal en centros de salud, comisarías, instituciones financieras u otra similares.
Por otro lado, el 48% opinó que una ley de identidad de género o un procedimiento administrativo para obtener un nuevo DNI serían insuficientes para frenar la discriminación, ya que los principales perpetradores de odio son los efectivos de serenazgo (35%) y los policías (34%).
“Estamos hablando de trabajadores que pertenecen a un Gobierno local o a un sector como el Ministerio del Interior. A ellos se suman los funcionarios del Reniec que se rehúsan a elaborar un procedimiento que nos permita contar con un DNI acorde a nuestra identidad de género”, agregó Gabriela Mariño.
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