La lucha contra la delincuencia en la ciudad tendría una grave falencia por problemas en el sistema de videovigilancia de la Municipalidad de Piura. Una comisión de auditores de la Contraloría General de la República detectó que 44 cámaras de las 103 que integran el sistema, se encuentran inoperativas.
Informe
Esto implica una presunta vulneración del reglamento de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana N° 27933. Esta dispone la obligación de los gobiernos locales de instalar y garantizar el funcionamiento de sus sistemas de videovigilancia.
Como se sabe, las dos centrales denominadas Fortaleza (ubicada en el excamal municipal) y Paraíso (de la zona industrial) tienen el control del sistema de videovigilancia de la ciudad.
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De las 44 cámaras inoperativas, unas 24 están bajo control de Fortaleza; mientras que las 20 restantes se operan desde Paraíso.
“Las cámaras de videovigilancia se encuentran ubicadas en vías y espacios público. Además, al no estar en funcionamiento afectarían el monitoreo permanente y la seguridad ciudadana de los pobladores en el ámbito de la jurisdicción de la entidad”, refiere el informe de control.
De acuerdo al detalle de la información recopilada por los auditores de Contraloría, los equipos inoperativos se distribuyen entre el centro histórico y principales avenidas de la periferia de la ciudad.
Es preciso señalar que el sistema más antiguo se ubica en la base de Paraíso de la zona industrial. La instalación se hizo durante la gestión de la exalcaldesa Ruby Rodríguez y estuvo a cargo de la empresa Netkrom.
Se hizo con la tecnología de radio enlace para la transmisión de la señal de la cámara hasta la antena ubicada en la central.
Fortaleza
En el caso de la base de Fortaleza, ubicada en el excamal, la implementación se hizo durante la gestión del desaparecido alcalde Óscar Miranda. Se usó la tecnología de fibra óptica para la transmisión de las imágenes del registro.
La comisión de Contraloría también detectó otro problema referido a que los equipos que sí estaban en funcionamiento, no tenían un registro de grabación de hasta 45 días, como exige la ley como mínimo.
El almacenamiento variaba entre los 25 y 40 días de duración. Ello, a pesar que la norma vigente establece un periodo mínimo mayor. Estos tienen la finalidad de colaborar con la seguridad ciudadana.
“La situación expuesta podría afectar el uso oportuno de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia por parte de la ciudadanía y las entidades competentes, así como el monitoreo del sistema de seguridad ciudadana”, se lee en el informe.
Inútiles
El exjefe de la Región Policial de Piura, coronel PNP en retiro, Máximo Vargas Hugo, afirmó que la inoperatividad de las cámaras no “suman” a los esfuerzos para la seguridad ciudadana.
“No abonan a los temas de seguridad ciudadana, si no cumplen con la finalidad para las que fueron instaladas, no son útiles para nada”, sentenció Vargas.
A su turno, el exjefe de la Divincri, comandante PNP en retiro, Juan Colcas, subrayó que con la inoperatividad no les facilita la obtención de evidencias ante un hecho delictivo.
“En lo preventivo, si las cámaras estuvieran operativas tendríamos imágenes que nos revelarían incidencias delictivas de hechos menores, por lo tanto el accionar preventivo de la Policía estaría orientado a un patrullaje en ese sector o de tránsito como accidentes”, enfatizó Colcas.
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