La Contraloría General de la República, en cumplimiento de su mandato constitucional, recuerda que es obligación de todas las autoridades, funcionarios/as y servidores/as de la administración pública hacer uso adecuado de los bienes y recursos públicos bajo su responsabilidad.
Las normas vigentes establecen sanciones administrativas y penales por destinar o autorizar el uso de infraestructura, bienes o recursos públicos en actividades ajenas a la función y/o quehacer institucional; entre ellas, las de proselitismo político.
En tal sentido, la Controlaría dispuso que los órganos de control vigilen y supervisen que el uso de los bienes y recursos públicos se destinen a fines, estrictamente, establecidos en la Ley. Sin perjuicio de ello, corresponde también al Congreso de la República y al Ministerio Público realizar las acciones de fiscalización de acuerdo a sus atribuciones.
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