Tras la promulgación de la ley que impide la postulación a cargos públicos a las personas sentenciadas en primera instancia, un 50% de los posibles candidatos de Piura quedarían fuera de la contienda electoral. Así lo informó diario Correo.
Lucha contra la corrupción
En ese sentido, la excandidata a la alcaldía de Piura, Kelly Morillas, enfatizó que la lucha contra la corrupción necesitaba de una modificatoria estructural, que permita fortalecer la democracia.
Además, que permita tener candidatos con conductas intachables, que entren a ocupar un cargo público por vacación de servicio, y no para llenarse los bolsillos.
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“Vemos que habían sentenciados, tras sentenciados, que ocupaban una plaza con un cargo de confianza o postulando a alguna candidatura. Por eso, consideramos que esto (nueva ley) es un límite, para que las personas tengan una hoja de vida intachable y sean personas que entren a política a trabajar por la comunidad”, expresó.
Asimismo, añadió que debe haber un trabajo articulado en las acciones de la lucha contra la corrupción, entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ello con el fin de que se trabaje con celeridad los casos de corrupción de exautoridades.
“Muchas de estas exautoridades van a pretender postular a algún cargo público. Pero arrastrando procesos judiciales en trámite y que posiblemente, en su gran mayoría, terminan con una sentencia en primera instancia por delito doloso. Las instituciones deben trabajar para que la norma traiga consigo los objetivos que se plantearon, porque la nueva ley sería un saludo a la bandera, si nuestro Poder Judicial termina los juicios orales en 8 años, y ya dejaron postular al candidato”.
“Politización”
Por otro lado, el constitucionalista Carlos Hakansson acotó que, si bien es cierto la nueva ley, busca garantizar que las futuras autoridades no sean cuestionadas. Sin embargo, esta vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia que toda persona tiene. Además, politiza la justicia.
“Se afecta el principio de presunción de inocencia porque un candidato cuestionado puede apelar y salir libre de la acusación. Además, esto puede significar que, en el marco electoral, donde se ha perdido el “juego limpio”, parte de la “estrategia” puede significar que se denuncie a una persona, para alejarlo de la contienda política”, refirió.
Con respecto a la politización de la justicia, Hakansson añadió que la confirmación de condena en primera instancia siempre va involucrar, indirectamente, al Poder Judicial, en un proceso electoral. Esto puede prestarse a malos entendidos, por parte de la opinión pública, porque se está sacando a un candidato de contienda.
Ley inconstitucional
Por su parte, el abogado Oscar Tuesta coincidió con su colega Carlos Hakansson, en detallar que es una ley anticonstitucional, ya que vulnera la doble instancia. Es decir, el principio de presunción de inocencia.
Además, dijo que la nueva ley fue aprobada por el Congreso, por presión del presidente Martín Vizcarra, pero el Tribunal Constitucional puede pronunciarse y derogarla.
“El problema es que el señor Vizcarra es muy populista, es decir, para la foto. Pero, a mi criterio, está mal dada porque vulnera el principio de instancias”.
Para el especialista, esta nueva ley puede ser utilizada por los candidatos. Los mismos que pueden sacarle la vuelta, y colocar a sus candidatos para gobernar por debajo de la mesa.
