Especialistas en derecho penal identifican hasta 3 delitos  y 12 años de cárcel para un funcionarios públicos que utilicen inadecuadamente el dinero transferido por el Ejecutivo para entregar víveres a las poblaciones vulnerables.

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Además del bono de S/ 380, el Gobierno aprobó una transferencia de S/ 213,6 millones a 1874 municipios (distritales y provinciales) para que a través de ellos se entregue una canasta básica familiar, valorizada en aproximadamente S/ 80, a las familias en pobreza y pobreza extrema.

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Es preciso resaltar que con el decreto de urgencia 033-2020, las municipalidades de forma oficial pueden efectuar la adquisición y distribución de bienes de primera necesidad.

El abogado penalista de la PUCP, Rafael Chanjan, señala que una persona comete peculado cuando se apropia de bienes materiales de naturaleza pública y los utiliza para una finalidad distinta privada.

“La pena que se contempla para casos comunes es entre 4 a 8 años. Además de las penas días-multa”, declaró para el diario La República.

Asimismo, el abogado penalista señaló que existen agravantes para este delito. Por ejemplo, si el valor de los bienes es mayor a 10 UIT o si se trata de bienes destinados a fines asistenciales, la pena va de 8 a 12 años de prisión.

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