En medio del debate desde que se promulgó la Ley 32330 que penliza a los adolescentes de 16 y 17 años, el representante de UNICEF en Perú, Javier Álvarez, expresó que «la situación de inseguridad llama a medidas que no sean populistas».
«Tenemos que abogar por la situación de inseguridad con medidas en las que los derechos humanos y las obligaciones internacionales sean respetadas. Perú ratifica la Convención de los primeros países de Latinoamérica, en un esfuerzo que pocos países han hecho», afirmó Álvarez.
Además el deje de Unicef se refirió a que, en una situación caracterizada por la degradación de la seguridad, «el Perú sigue por la senda que tenía: un sitema incipiente sin recursos ni presupuesto de justicia juvenil, donde hay psicólogos y trabajadores sociales que pueden dar una segunda oportunidad al adolescente».
Las estadísticas indican que, solo el 1.9% de los delitos cometidos y denunciados en el Ministerio Público fueron cometidos por los adolescentes, por lo que la «situación de inseguridad no es un problema de los adolescentes, (sino que) es un problema de adultos, que son los que cometen los crímenes», expresó el titular de Unicef en Perú.
Asimismo, Álvarez remarcó que ir contra los adolescentes de 16 y 17 años es «totalmente aleatorio», pues, promulgada la Ley, las bandas pueden «reclutar a niños de 14 años o menos»; sin embargo, no descarta que se de «una privación conmesurada con su edad y con su desarrollo mental».
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Factores que afectan la hoja de vida de los adolescentes
Asimiso, Javier Álvarez señaló que los adolescentes que cometen actos delictivos y crímenes suelen tener una hoja de vida marcada por la desprotección histórica.
«Cuando hacemos un estudio sobre los chicos que ingresan a la justicia juvenil, existe gran afectación de chicos con problemas de abuso de sustancia, familias disfuncionales o incluso no han competado sus estudios», así lo afirmó el representante de la Unicef.
Asimismo, Álvarez acepta la legítima autoridad del Estado peruano para poner orden en razón de la seguridad de los ciudadanos; sin embargo, cuestiona si en realidad existe una adecuada implementación de políticas públicas, a fín de utilizar como último recurso la privación de libertad.
«Es decir, ¿ha habido una buena oferta escolar?, ¿hay buenas medidas de protección?, ¿hay buenos servicios lúdicos?, ¿hemos creado una base para que consigan empleo?», cuestionó Javier Álvarez.
Privación de libertad en adolescentes a nivel LATAM
Respecto a las edades mínimas para que se juzgue a menores como adultos, Argentina tiene un proyecto que busca reducir esa edad a los 13, Bolivia, Venezuela y Paraguay desde los 14 años; en Perú, desde los 16 años (solo para delitos graves); en tanto, en Brazil, Ecuador y Chile, a partir de los 18s.
En relación a esta data, el representante de Unicef indicó que habría de entender qué tipo de pena se está imponiendo a estos adolescentes y promover un esfuerzo hacia la resocialización.
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