La empresa Telefónica del Perú recibió una condena de la Corte Suprema de Justicia del Perú que la obliga a pagar la millonaria suma que asciende a unos 854.7 millones de dólares en el litigio relativo al impuesto a la renta de los ejercicios 2000 y 2001.
Fue la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema que ordenó el pago de la millonaria cifra, la misma que resolvió en “última instancia y de manera desfavorable” contra la compañía española.
Si bien el organismo regulador no precisa la cuantía económica de la sentencia, si bien apunta que el operador tenía efectuada la provisión correspondiente.
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En ese sentido, se conoció que los resultados del tercer trimestre de 2022, presentados en noviembre, Telefónica incluye una provisión de 790 millones de euros en Perú por el litigio relativo a impuestos 2000 y 2001.
Telefónica en desacuerdo
A través de un comunicado, la compañía mostró su desacuerdo con los fallos emitidos por la Corte Suprema que resuelven de manera desfavorable procesos seguidos con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) referidos al Impuesto a la Renta.
“El monto original de las disputas se ha visto incrementado exponencialmente por los intereses generados por la demora, no atribuible a la compañía, de casi 20 años en la tramitación de las controversias. Esta grave demora ha originado que la cifra reclamada por la SUNAT actualmente está compuesta, en más de un 80%, por intereses y multas”, precisa.
Asimismo, la empresa mencionó que en 2021 el Tribunal Constitucional le concedió la razón al reconocer que esta fue objeto del cobro de intereses por demoras no imputables a la compañía.
“Lamentablemente, la adopción de esta decisión produjo públicas discusiones entre los magistrados del Tribunal y el criterio en el que se sustentaba inexplicablemente no fue recogido en un segundo caso seguido por la compañía con la SUNAT, pese a ser de las mismas característica”, precisa.
En esa línea, Telefónica indicó que ha pagado durante sus 28 años en el país más de 10,000 millones de soles al fisco peruano que, sumados a los fallos notificados, “colocan la tasa impositiva de la compañía en ratios alejados de cualquier lógica internacional”.
