La “Casa del Churre” de Sullana, que es administrada por la Policía Nacional del Perú, sería la alternativa más inmediata para convertirla en un albergue o casa refugio provisional para atender niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección familiar y abandono.

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En una nueva reunión en el auditorio de la Nueva Sede de la Corte Superior de Justicia de Sullana que preside el Dr. Pedro Germán Lizana Bobadilla, el representante de la PNP en Sullana puso a disposición este inmueble ubicado en el sector de El Obrero.

ALBERGUE PROVISIONAL

Esta casa sería un albergue provisional, mientras se gestiona la donación en uso  de un terreno de mil metros cuadrados, donde se construirá un hogar refugio para mujeres, un Centro de Atención Residencial (CAR) para la atención de niños, niñas y adolescentes y una oficina de Defensoría Municipal.

El denominado “Comité Multisectorial Distrital en defensa, promoción y protección de los derechos de la mujer, niños, niñas y adolescentes”, acordó citar para el miércoles 24 del presente al general PNP de la I Dirección Territorial, al gobernador regional, al alcalde provincial, a la presidenta de la Junta de Fiscales, jueces de Familia, al Ministerio de la Mujer, entre otros.

El objetivo es establecer los aportes de infraestructura, logísticos y recursos humanos para poner en funcionamiento la “Casa del Churre”, que se convertiría en un refugio temporal.

Según los reportes provenientes de los juzgados de Familia en el presente año se han puesto a su disposición 104 niños, niñas y adolescentes por violencia familiar y abandono y el 2017 fueron más de 50.

De ellos buena parte son derivados a los familiares más cercanos, pero existen un gran grupo que requiere medidas de protección y no hay un albergue que cuente con los servicios adecuados. Tampoco hay ambientes temporales para la protección de mujeres e integrantes del grupo familiar, víctimas de la violencia.

El Presidente de la Corte de Sullana Dr., Pedro Lizana se encuentra muy preocupado por contar con un ambiente en el más corto plazo, para los menores,  tratándose de personas vulnerables.

Por su parte el representante de  la Defensoría del Pueblo Dr César Orrego se comprometió en asegurar la presencia de las más altas autoridades de la región y hacer seguimiento a los compromisos asumidos para garantizar servicios especializados de calidad a los niños, niñas y adolescentes afectados.

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