A menos de una semana del inicio del año escolar, la Contraloría General ha revelado preocupantes hallazgos tras un operativo de control realizado en colegios de la región Piura. Durante la supervisión, denominada Educación 2025, se evaluaron 64 instituciones educativas (II.EE.) de un total de 66 programadas, ya que dos permanecían cerradas debido a que sus directores estaban de vacaciones sin dejar personal a cargo. El operativo abarcó los niveles de inicial, primaria y secundaria en las 12 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de la región.
Infraestructura precaria: problemas críticos en servicios básicos
El Informe de Visita de Control n.° 3082-2025-CG/GRPI-SVC, emitido tras el operativo realizado entre el 7 y 13 de febrero, evidenció graves carencias en la infraestructura de las instituciones educativas. Entre los principales hallazgos destaca que:
- El 64 % necesita mantenimiento o sustitución de servicios higiénicos.
- El 48 % presenta paredes en mal estado en las aulas.
- El 38 % tiene pisos deteriorados y el mismo porcentaje no cuenta con servicios higiénicos separados para estudiantes y adultos.
- El 36 % reporta losas deportivas en mal estado.
- El 72 % no dispone de personal de vigilancia para garantizar la seguridad de los estudiantes.
Estos problemas estructurales comprometen la calidad del entorno educativo y ponen en riesgo la salud e integridad de los alumnos y docentes.
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Falta de docentes y servicios básicos insuficientes
Además de las deficiencias en infraestructura, el informe alerta sobre la falta de recursos humanos y servicios básicos esenciales. Según el documento:
- El 44 % de los colegios no cuenta con el número suficiente de docentes para cubrir las secciones establecidas por el Ministerio de Educación (Minedu).
- El 28 % carece de recolección de basura, el 27 % no tiene alcantarillado y el 16 % enfrenta restricciones en el servicio de agua.
- El 67 % de las instituciones no tiene acceso a internet, limitando el uso de tecnologías educativas y herramientas digitales.
Estas carencias afectan no solo el desarrollo académico, sino también el bienestar general de la comunidad educativa.
Vulnerabilidades en seguridad y accesibilidad
El informe también resalta importantes falencias en materia de seguridad y accesibilidad para personas con discapacidad. Entre las observaciones más críticas figuran:
- El 78 % de los colegios no cuenta con un Plan de Gestión del Riesgo de Desastres vigente ni con brigadas de emergencia conformadas.
- El 52 % carece de señalización de puntos de reunión o zonas seguras, mientras que el 44 % no tiene extintores y el 36 % no posee protección contra la radiación solar.
- En cuanto a accesibilidad, el 59 % no cuenta con servicios higiénicos adaptados para personas con discapacidad. Además, el 42 % carece de rampas hacia las aulas u otros ambientes internos, y el 34 % no tiene rampas desde la entrada principal.
Estas deficiencias representan un obstáculo significativo para garantizar un entorno inclusivo y seguro para todos los estudiantes.
Déficit en prevención de violencia escolar
Otro punto alarmante identificado por la Contraloría es la falta de mecanismos para prevenir y atender casos de violencia escolar. Los datos revelan que:
- El 88 % de los colegios no cuenta con un profesional de psicología dedicado a la prevención y tratamiento de acoso y violencia entre estudiantes.
- El 52 % no ha conformado su Consejo Educativo Institucional (CONEI) .
- El 33 % carece de un libro de registro de incidencias sobre casos de violencia escolar.
- El 77 % no ha capacitado a sus docentes en enfoque de género para prevenir violencia y discriminación por razones de género.
Estos hallazgos evidencian una clara necesidad de fortalecer las políticas de prevención y atención de conflictos en las escuelas.
Llamado a la acción
El informe ha sido remitido a la Dirección Regional de Educación de Piura para que adopte medidas urgentes que garanticen el retorno seguro de los estudiantes y unas condiciones adecuadas para el inicio del año escolar. Las autoridades tienen la responsabilidad de corregir estas deficiencias y asegurar que las instituciones educativas cumplan con los estándares mínimos de calidad, seguridad y accesibilidad.
