Para impulsar la reinserción social de personas que cometen delitos leves, la municipalidad de Trujillo, la Corte Superior y la Junta de Fiscales de La Libertad y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), firmarán un convenio para que las sentencias por esos delitos se cumplan con trabajo comunitario.

La idea es que los condenados por hurtos menores, ciertos tipos de estafa y similares, puedan pagar su deuda con la comunidad realizando labores de limpieza y otras actividades cotidianas de la comuna trujillana.

De acuerdo con el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Giampol Taboada Pilco, la prestación de servicios comunitarios reemplazará a la pena privativa de la libertad, que en estos casos suele ser por tiempos cortos, pero genera sobrepoblación en los centros de reclusión.

Ejecución del proyecto

“Buscamos la resocialización del ciudadano y no irrogar gastos al Estado. El sentenciado seguirá generando sus ingresos particulares y, en horario distinto, deberá cumplir su pena; de esta manera, tampoco rompemos la unidad familiar”, enfatizó.

El magistrado señaló que, para ello, el Inpe –entidad que estará a cargo de la ejecución del proyecto, junto con la municipalidad de Trujillo– hará un análisis de la situación socioeconómica del sentenciado y determinará el horario y las condiciones adecuadas para el cumplimiento de su pena.

“No se trata de una exoneración de la pena –aclaró– se está cumpliendo la condena con una modalidad permitida por la propia ley y que se llama prestación de servicios comunitarios”. Para ello, el Inpe se encargará de supervisar el cumplimiento de la condena.

Necesidad de personal

El alcalde trujillano, José Ruiz Vega, señaló que esto servirá para suplir la necesidad de personal que enfrenta el gobierno local, donde alrededor de 500 empleados en condición vulnerable no realizan sus labores habituales por el riesgo del covid-19.

Otros 150 empleados del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo se encuentran en las mismas condiciones debido a la pandemia.

Este trabajo articulado incluirá a los gerentes de diversas áreas municipales para que los sentenciados por delitos leves se comprometan con la ciudad y contribuyan al buen servicio de la municipalidad al vecino trujillano.

Con esta finalidad, se anunció también la presentación de un informe previo al Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec).

El magistrado Taboada Pilco exhortó a los jueces a imponer penas comunitarias –de ser el caso– y pidió que el Ministerio Público y los fiscales soliciten la imposición de tales servicios.

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