El reciente proceso electoral en la Universidad Nacional de Piura (UNP) ha desencadenado una serie de incidentes preocupantes. José Ordinola, rector electo de esta casa de estudios, denunció haber recibido amenazas de muerte días después de conocerse los resultados que lo posicionan como próximo titular del rectorado, en medio de tensiones por la transición de mando.
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Mensaje intimidatorio exige pago a cambio de seguridad
Según informó La República, José Ordinola denunció haber recibido un mensaje vía WhatsApp, desde un número con código telefónico de Perú, en el que presuntos miembros de la organización criminal ‘Los Malditos del Norte’ exigen el pago de 20 mil soles en un plazo de 24 horas. La amenaza va acompañada de una fotografía de un arma de fuego.
«Queremos brindarte seguridad a todo tu familia, viejo. Queremos trabajar acá. Si no cooperas con nosotros te vas a morir», se lee en el mensaje extorsivo enviado al rector electo.
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Hasta el momento, Ordinola no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la amenaza, que se produce en medio de un proceso de transición institucional tras su victoria en las recientes elecciones universitarias.
Cuestionamientos al proceso electoral y tensiones internas en la UNP
José Ordinola logró imponerse frente al grupo oficialista que mantuvo el control de la UNP durante más de dos décadas. Su triunfo ha sido interpretado por diversos sectores como una oportunidad de renovación en una universidad marcada por denuncias de corrupción y presuntos entramados de poder.
No obstante, el proceso de transferencia se encuentra en disputa. Una facción vinculada al oficialismo ha intentado impugnar los resultados, entre ellos la lista liderada por Enrique Cáceres Florián, quien representa al bloque tradicional. Cáceres ha cuestionado los resultados preliminares de las elecciones complementarias para el periodo 2025–2028.
En paralelo, circula una imagen en la que aparece Cáceres Florián junto a Manuel Castillo Venegas, actual titular de la SUNEDU y exfuncionario de la UNP. Castillo habría ejercido también como abogado del fallecido exrector Santos Montaño, figura clave del oficialismo universitario.
«Desde hace 25 años nuestra universidad está controlada por el mismo grupo de poder. La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía ya están revisando el proceso porque el oficialismo se niega a aceptar los resultados», afirmó Ordinola durante la campaña.
Las investigaciones en torno a la denuncia de amenaza, así como las acciones administrativas relacionadas con la transferencia de gestión, continúan en curso.
