Mirtha Vásquez, congresista de la bancada del Frente Amplio (FA), presentó el proyecto de ley 6050. El mismo que busca restringir el aporte privado a las campañas políticas y ampliar los alcances del financiamiento público directo.

A través de esta iniciativa, se prohíbe que las empresas financien a partidos políticos, para sus participaciones en comicios electorales. Ello con el fin de  reducir la posibilidad de que estos sean captados por intereses económicos privados.

En su lugar establece que solo los militantes inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas podrán aportar hasta 20 UIT, equivalente a 86,000 soles.

Contribución privada

Asimismo, la norma contempla que toda contribución económica privada que supere el 10 % de 1 UIT se realizará a través de entidades del sistema financiero, las cuales deberán identificar todos los aportes y retiros de la cuenta.

Financiamiento público

Otro de los alcances de la propuesta legislativa es que incorpora la modalidad de financiamiento público directo. Esto para costear gran parte de los gastos de campaña en todos los partidos políticos, que se encuentren debidamente inscritos.

«Todos los partidos o alianzas electorales recibirán 400 UIT para realizar sus campañas presidenciales. Mientras que, para las elecciones regionales, y municipales, el Estado destinará hasta 200 UIT de financiamiento público, para dichos comicios”. Así precisa el artículo 29 de esta propuesta, que modifica la ley de organizaciones políticas.

Sanciones

Del mismo modo, la norma establece infracciones y sanciones cuando:

  • No se presenten informes sobre gastos de campaña
  • No se cumpla con el porcentaje mínimo destinado para capacitación y formación
  • Recepción de fuentes de financiamiento prohibido
  • Manipulación de la información financiera.

Para las infracciones leves se establece una multa de hasta 10 UIT, para las faltas graves se sanciona con 30 UIT. Además, para los delitos muy graves, con 150 UIT, que serán impuestas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Si bien es cierto que el financiamiento público de los partidos políticos no erradicará la corrupción de la noche a la mañana. Pero sí permitirá disminuir los incentivos y el riesgo de que la captación económica del poder político se materialice, como lo ocurrido con el caso Lava Jato”, sostuvo Mirtha Vásquez.

Por último, el proyecto incorpora también el principio de austeridad, por el cual los fondos públicos asignados para la propaganda política y electoral deben invertirse en lo estrictamente necesario y estipulado por ley.

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