En medio de una controversia que envuelve al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, la Procuraduría Pública Anticorrupción de Lambayeque ha tomado medidas para asegurar una posible reparación civil. El organismo ha solicitado al Poder Judicial el embargo de los bienes de Agustín Lozano por un valor total de tres millones de soles, en relación con un presunto caso de enriquecimiento ilícito.
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Pedido de embargo para Agustín Lozano
Durante una audiencia pública realizada el 30 de octubre de 2023, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque aprobó la solicitud de la Procuraduría.
Además, según declaraciones del coordinador de este organismo, Jorge Carnero, se busca la confiscación de cinco propiedades pertenecientes al dirigente, algunas de las cuales comparte con sus hermanos. Estas medidas se derivan de supuestas irregularidades durante el periodo en que Lozano ejerció como alcalde de Chongoyape, entre 2011 y 2018.
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Naturaleza del embargo y restricciones impuestas
En este sentido, el embargo solicitado implica la inhibición o congelamiento de los bienes, lo que impide su venta, transferencia o uso en otros procesos legales. Este movimiento busca asegurar que, en caso de una sentencia desfavorable, existan activos disponibles para cubrir posibles compensaciones económicas.
Contexto de la controversia y acusaciones
Agustín Lozano ha sido objeto de diversas acusaciones en los últimos años, relacionadas principalmente con presuntos pagos irregulares y malversación de fondos de la FPF. Se le señala por supuestamente utilizar recursos de la institución para realizar transferencias millonarias a clubes de fútbol a cambio de apoyo en votaciones internas.
En noviembre de 2023, la Fiscalía Especializada en Anticorrupción solicitó una pena de seis años y ocho meses de prisión para Lozano, acusándolo de abusar de su posición para enriquecerse ilícitamente.
Ante este escenario, el pedido de embargo de bienes se presenta como una medida para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en un contexto marcado por la presunta corrupción en el ámbito deportivo.
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