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La tarde de este jueves 23 de junio, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria informó mediante su cuenta de Twitter que; declaró infundada la tutela de derechos presentada por el presidente Pedro Castillo. Ello, por presunta violación a los principios constitucionales de legalidad procesal y al principio de seguridad jurídica.

A través de su abogado, el jefe de Estado había solicitado que se anule la disposición fiscal que dispuso ampliar la investigación preliminar en su contra por los presuntos delitos de organización criminal; tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

La investigación preliminar había sido aprobada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; quien interrogó a Castillo Terrones el pasado 15 de junio en la sede principal del Ministerio Público.

El pasado 31 de mayo, la defensa de Castillo presentó un recurso de nulidad ante el Ministerio Público solicitando que; se anule la decisión de investigar a Castillo sin suspensión y se dicte una nueva disposición al sostener que la; “Carta Magna prohíbe la persecución del presidente de la República -en funciones- en los casos no previstos en su artículo 117″.

Añadió que según la Constitución Política solo se puede investigar a un presidente en funciones cuando concurran alguno de los supuestos.

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