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El Perú representa un retroceso en los derechos de las mujeres. Esto se evidencia en el incremento de violencia de género en pandemia y medidas insuficientes para proteger a mujeres y niñas extranjeras. Así lo evidencia el Informe de la Amnistía Internacional 2021-2022. 

Asimismo, el informe aborda la problemática de la desaparición de mujeres, pues este se sigue agudizando en el país. En 2021, se reportó la desaparición de 12 984 mujeres, la mayoría niñas y adolescentes. 

Por otro lado, el informe señaló que Piura, 557 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en 2021. Ante ello, las estadísticas muestran que del total de personas que desaparecen en el país, el 64% son mujeres, proporción que se repite en todas las regiones.

“Vemos que las políticas desplegadas para combatir la violencia machista en Perú no están funcionando. Las mujeres y niñas siguen siendo asesinadas y desaparecidas solo por el hecho de ser mujeres. Esta situación se vuelve más grave en zonas rurales, donde las víctimas o sus familiares enfrentan más barreras para interponer una denuncia”; señaló Marina Navarro.

Además, según cifras oficiales, en 2021 un total de 1 435 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres en Perú. En Piura, 78 menores de 14 años, entre las que se encuentra una menor de 10 años; se convirtieron en madres producto de la violencia sexual. Se trata de la cifra más alta de los últimos 5 años registrada en esta región.

“Nos preocupan expresiones de violencia machista como el embarazo adolescente, que vulnera el derecho de las niñas y adolescentes a vivir libres de violencias. El Estado no garantiza políticas de prevención del embarazo y las obliga a seguir con embarazos forzados»; dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.

En el 2021, Piura reportó 557 mujeres desaparecidas.

Defensores de los derechos humanos

Por otro lado, el informe muestra que América Latina siguió ubicándose como la más letal para quienes defienden los derechos humanos y se dedican al activismo medioambiental.

En Perú, en los últimos dos años 14 personas defensoras de los derechos de la tierra, territorio y medioambiente fueron asesinadas.

“Observamos con mucha preocupación cómo se viene agudizando la violencia contra personas defensoras en un clima de total impunidad y con las autoridades de espaldas. Las medidas de protección del Gobierno son insuficientes y poco efectivas, y el Congreso peruano sigue sin ratificar el Acuerdo de Escazú; fundamental para la protección de las personas defensoras”, manifestó Marina Navarro.

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