Para garantizar la plena transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas y campañas electorales, la Asociación Civil Transparencia como parte de su reforma electoral consideró que debe prohibirse la postulación electoral de condenados por corrupción, narcotráfico, minería ilegal, y cualquier otra forma delictiva, incluyendo quienes se encuentran presos de forma preventiva por delitos como el terrorismo, la violación sexual o la trata de personas.
Estas medidas son tomadas en cuenta con el fin de impedir el ingreso de dinero procedente de estos delitos y eleve los estándares éticos de los candidatos. De la misma forma, sugiere el fortalecimiento de la justicia de paz y la reducción de los jueces supranumerarios para hacer de la Corte Suprema una efectiva corte de casación.
Asimismo, considera obligatorio garantizar la máxima transparencia en el Estado y el acceso a la información pública. De igual forma destaca la necesidad de aprobar una ley de gestión de intereses, que incluya la obligación de todo funcionario de presentar una Declaración Jurada de Intereses, y transparente las relaciones entre el sector público y los legítimos intereses privados.
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Estas y otras propuestas están incluidas en el Plan 32 de Reformas Institucionales presentado por Transparencia el año 2015, y en el Informe de la Comisión Presidencial de Integridad, en diciembre del 2016.
Para Transparencia, la Encuesta de Percepciones Ciudadanas sobre la Corrupción, realizada por ProÉtica mostró la gravedad de este flagelo que afecta las condiciones de vida de la sociedad peruana, impidiendo las oportunidades de desarrollo del país y la calidad de la democracia.
