El administrador Pedro Peña Maraví vuelve al Gobierno Regional de Piura. A él se le sigue un proceso judicial por el delito de violencia familiar, situación que le valió ser destituido del mando del Proyecto Alto Piura (Peihap).

Walac Noticias conversó con él acerca de las críticas en su contra, así como de su nueva misión: liderar la reestructuración de la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP), cuyo último director fue destituido por el presunto delito de tráfico de influencias.

-Ha sido convocado para liderar la reestructuración de la DREP. Las críticas no se han hecho esperar y sale a la palestra nuevamente un proceso por el delito de violencia familiar.

Debo precisar que no existió maltrato físico [contra su expareja], la denuncia es por agresión verbal. Eso tendrá que aclararse en el proceso judicial. Pero hay muchos medios de comunicación que dicen que yo la he golpeado; así no está en el expediente judicial.

-Esta denuncia le costó el puesto como gerente general del Peihap. ¿Qué responde a quienes critican su nueva designación?

¿Quién no ha tenido un problema de carácter familiar? Las personas no somos perfectas, desde el punto de vista sentimental. Esto no quiere decir que porque tenga un problema familiar, no pueda trabajar, porque se estaría vulnerando mi derecho al trabajo.

-Pero estamos hablando de agresiones, no de un “problema familiar”…

Eso tiene que aclararse en el Poder Judicial. ¿Por qué [los medios] emiten  juicios? Parece que me ponen una cadena perpetua: nunca más a trabajar.

-¿Usted considera que su salida del Peihap estaba justificada a raíz de esta denuncia?

Para mí era correcto quedarme en el Peihap y también era correcto haber salido, porque era un cargo eminentemente de confianza.

Parece que me ponen una cadena perpetua: nunca más a trabajar.

-En todo caso, ¿qué hubiera preferido: quedarse o dar un paso al costado?

Es que la denuncia ha sido una exageración. Como estamos en este espacio de sociedad subdesarrollada, sociedad fragmentada, entonces existe toda esta tribulación de opiniones no fundamentadas, inciertas. Una sociedad desarrollada espera al final del proceso judicial.

La reestructuración 

-¿Cuáles son sus credenciales para liderar esta comisión que reestructurará la DREP?

Soy licenciado en Administración; tengo una maestría en Administración; y soy doctor en Derecho y Ciencia Política. Como administrador, tengo la formación para reorganizar y reestructurar una entidad. Esto se complementa con mi doctorado, porque hay que ser respetuoso con las normas, de acuerdo al ordenamiento jurídico.

estoy involucrado a profundidad con la administración pública.

-En el sector público, ¿qué cargos ha ocupado?

Desde 1998 hasta la actualidad, he trabajado solo en el sector público: he sido director de Salud Administración de la Región de Salud de San Martín, y he trabajado en, por lo menos, 30 de las 64 municipalidades de la región. Además, enseño en el pregrado de Estudio Público. Entonces, estoy involucrado a profundidad con la administración pública.

-¿Y en el sector educación?

Tengo 21 años como profesor universitario. Conozco la educación desde mi ejercicio profesional.

-¿Cuál es la situación actual en la que se encuentra la DREP?

Desde el punto de vista organizacional, puedo establecer que existen reglamentos y manuales que tienen que ser actualizados de acuerdo a la nueva normativa legal. Asimismo, hay problemas de aplicación de las normas técnicas respecto de los modelos educativos.

-¿Y dónde quedan los actos de corrupción en las últimas gestiones?

La comisión de reestructuración va a tratar de hacer el mejor reglamento, el mejor manual, nada más. Luego viene el proceso de implementación para alcanzar las buenas prácticas de gestión administrativa y educativa, pero esto va a tardar varios años.

-¿Cuáles serán las funciones de la comisión que presidirá?

El proceso de reestructuración tiene cinco pasos. El primero es crear, regular, extinguir o modificar los órganos y las unidades orgánicas de la entidad. El segundo es asignar las funciones a cada órgano. El tercero es asignar los cargos necesarios por área. El cuarto es asignar las funciones a cada cargo. Terminamos con la determinación de los procedimientos administrativos y de los servicios públicos prestados con carácter de exclusividad.

-Según lo señalado, ¿se podría recomendar la reducción o el incremento del personal de la DREP?

El estudio científico y técnico determinará cuál es el número de plazas necesarias para cada unidad orgánica u órgano. A partir de eso, se tendrá que hacer la implementación de personal.

-¿Cuándo entrará en funciones esta comisión?

Hace dos días el gobernador [Servando García] hizo pública la propuesta de la reestructuración; pero para que se inicie, esto tiene que oficializarse, tiene que salir una resolución.

-¿Cuánto tiempo duraría su trabajo?

El trabajo de la comisión podría durar alrededor de 60 días.

-¿Quiénes conformarían su equipo de trabajo? ¿Tiene en mente a alguien?

Haré la propuesta al gobernador del pedagogo y otros especialistas que se necesitan. Un gran conocedor del sector educación desde su forma organizativa, funcional, estructural es el señor León Trahtemberg. Sería muy interesante tenerlo en Piura.

-¿El informe final de la comisión podría contener recomendaciones de sanción administrativa o penal?

No, esta no es una comisión investigadora. Esta es una comisión eminentemente institucional. Los ilícitos administrativos o penales le corresponden a otras instancias, como la Procuraduría, el Órgano de Control Institucional (OCI), las Sociedades de Autoría, en fin.

-Pero, podría ser utilizado para determinar responsabilidades administrativas o penales…

Claro. Por ejemplo, ciertas plazas que debieron haber sido ocupadas mediante concurso y que no fueron ocupadas por concurso; ahí habría un ilícito administrativo. En ese caso tendría que encargarse el OCI o la instancia competente, porque la comisión no impone sanciones.

Compromiso político

-¿Hay voluntad política de parte del gobernador para sacar adelante esta reforma?

Yo considero que no solo hay voluntad política [de parte de Servando García], hay el convencimiento técnico y científico.

-¿Qué garantiza que las recomendaciones de esta comisión sean aplicadas?

La reestructuración es algo positivo porque lo que se busca es mejorar la calidad de la prestación del servicio público y del procedimiento administrativo, y en eso nadie puede oponerse. Existe la obligación política de hacer esta reestructuración.

-Entonces, el gobernador está obligado a reestructurar el sector educación.

Por supuesto que sí.

-Finalmente, ¿cuál es su compromiso para con el sector educación y su reestructuración?

El compromiso es que se debe desarrollar un trabajo bajo los principios de autonomía, transparencia, legalidad, solidaridad y colegialidad.

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