El expresidente Pedro Castillo Terrones anunció una huelga de hambre en rechazo al juicio oral que enfrenta por el delito de rebelión, vinculado a los eventos del 7 de diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Congreso. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema retomará este martes 11 de marzo la audiencia, centrada en la declaración de testigos propuestos por la Fiscalía.
El juicio: acusaciones, penas y pruebas
La Fiscalía acusa a Castillo y a seis coacusados —entre ellos exministros como Betssy Chávez y Aníbal Torres — de quebrantar el orden constitucional al promover la disolución del Parlamento y la reorganización de instituciones estatales. Para el expresidente, se solicita una condena de 34 años de prisión y el pago de 65.4 millones de soles como reparación civil. Los demás implicados enfrentan penas de 25 y 15 años, además de una reparación conjunta de 64.4 millones de soles .
El proceso incluye 65 pruebas documentales, 69 testimonios, pericias forenses y análisis grafotécnicos. Sin embargo, la participación de Eder Infanzón Gómez, uno de los acusados y actualmente en Suiza, podría complicarse debido a su ubicación.
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Castillo denuncia «juicio politizado» y apuesta por la huelga
A través de un comunicado, Castillo rechazó las acusaciones y calificó el proceso como «político» , afirmando que los cargos son infundados. “Me declaro en huelga de hambre contra este montaje judicial que busca sepultar mi inocencia” , señaló. Su defensa insiste en que el intento de cerrar el Congreso fue una “decisión legítima” para evitar un golpe parlamentario.
El contexto de los hechos remite al fallido autogolpe del 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo anunció la disolución del Legislativo, lo que derivó en su destitución y arresto. La Fiscalía sostiene que esta acción fue un “plan preconcebido” para usurpar facultades del Estado.
Próximos pasos y desafíos del proceso
La audiencia del 11 de marzo será crucial para avanzar en la etapa testimonial. Expertos señalan que la extensión del juicio y la posible prescripción de algunos delitos podrían influir en el resultado. Mientras tanto, la huelga de hambre de Castillo suma presión al caso, que mantiene dividida a la opinión pública entre quienes ven una persecución política y quienes exigen justicia por el intento de ruptura constitucional .
