El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) brindará a la Policía Nacional del Perú (PNP), al Ministerio Público y al Poder Judicial acceso en línea a la información sobre el proceso de comercialización, contratación y activación de los servicios públicos móviles que reporten las empresas operadoras, en cumplimiento de sus disposiciones normativas.
La disposición, que tiene como finalidad erradicar el comercio ilegal de chips y fortalecer la seguridad ciudadana, forma parte del Decreto Supremo N° 128-2025-PCM, que aprueba las Disposiciones Adicionales de la Ley N° 32451, norma que refuerza la lucha contra la activación ilegal de líneas móviles y la posesión ilícita de SIM cards en el país.
La información que debe generar la empresa operadora incluirá la trazabilidad y ruta del SIM card o chip, esto es, el proceso de comercialización, contratación y activación del servicio móvil y la identificación de todas las personas que han intervenido en estas etapas.
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Este mecanismo, que es impulsado por el OSIPTEL, permitirá a las autoridades contar con información oportuna para la investigación de irregularidades, evitar fraudes y desarticular redes criminales vinculadas al uso indebido de líneas móviles.
“La trazabilidad de cada SIM card o chip es una herramienta clave para fortalecer la seguridad digital y ciudadana. Con esta medida, aseguramos que cada línea móvil tenga un responsable plenamente identificado y que las autoridades puedan actuar con rapidez ante cualquier uso indebido”, destacó el presidente ejecutivo (e) del OSIPTEL, Jesús Guillén Marroquín.
Municipalidades deben informar sobre venta ambulatoria
Asimismo, el decreto dispone que las municipalidades distritales, en el marco de sus funciones de control del comercio ambulatorio, informen al OSIPTEL, a la PNP y al Ministerio Público sobre el comercio ambulatorio o en la vía pública de servicios móviles, con el fin de combatir las irregularidades en la contratación del servicio público móvil, el comercio ilegal de SIM cards y fortalecer el control sobre la formalidad en el mercado.
Según el nuevo marco normativo, las municipalidades deberán comunicar estos reportes al día hábil siguiente de haber detectado la comercialización irregular de servicios móviles de forma ambulatoria o en la vía pública, señalando la ubicación geográfica, el nombre de las empresas operadoras involucradas, y los datos de las personas identificadas en la comercialización ilegal.
