El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) recomendó a la ciudadanía no acudir a vendedores ambulantes e informales cuando requieran contratar un servicio de telefonía móvil prepago (chip prepago).
Esto debido a que conlleva significativos riesgos, que van desde la vulneración del derecho a recibir una debida información, hasta exponerse a ser víctimas de actos delictivos.
Al respecto, Cristhian Dediós Ubillús, jefe de la Oficina Regional de Piura, señaló que la contratación del servicio público móvil prepago debe realizarse en la dirección de los puntos de venta de los distribuidores autorizados. Ello, de acuerdo a la norma de Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.
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Uno de los riesgos identificados es el incumplimiento del requisito obligatorio de verificar la identidad del usuario, mediante el control biométrico de su huella dactilar.
Esto expone a las personas a ser víctimas de delitos como contrataciones fraudulentas, uso ilícito de los datos personales, falsificación, robo de identidad y extorsiones.
Este tipo de comercio informal impide la identificación del vendedor ambulante como parte de la organización de distribuidores autorizados de las operadoras.
“Si una persona compra un chip prepago en la calle, entrega su identidad a un vendedor informal que no conoce y quizá no vuelva a encontrarlo, en caso tenga problemas con el servicio contratado”. Así lo indicó Dediós.
Esto también obstaculiza que la empresa operadora asuma su responsabilidad por cualquier irregularidad en la transacción realizada en la vía pública. “Todo ello conlleva a que este canal informal de venta sea una potencial fuente de diversos reclamos”, recalcó.
Información adecuada
Asimismo, se afecta el derecho que tienen todos los usuarios a ser informados adecuadamente del contenido de los servicios que están contratando.
Esta modalidad impide las acciones de fiscalización a las contrataciones realizadas a través de un canal de venta sin dirección precisa. Incluso, el personal del ente regulador ha sido sujeto a conductas agresivas y amenazas por parte de vendedores ambulantes.
