Cientos de familias de la localidad de Jicate Bajo, en la provincia de Huancabamba, continúan sin acceso a servicios básicos de agua potable y alcantarillado debido a la paralización de una obra pública cuya inversión supera los S/ 7 millones. Así lo advirtió la Contraloría General de la República tras una reciente supervisión.
El proyecto, que debía culminar en 2025, permanece inconcluso y presenta una serie de deficiencias técnicas que comprometen su calidad y durabilidad, afectando directamente a más de 600 familias de la zona rural.
Contraloría detecta fallas técnicas en la ejecución
De acuerdo con el Informe de Hito de Control N.° 002-2026-OCI/0451-SCC, correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2025 y el 23 de enero de 2026, los trabajos ejecutados no cumplen con las especificaciones técnicas ni con los planos establecidos en el expediente del proyecto.
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Durante la inspección se constató que el acero de refuerzo utilizado en las columnetas de las Unidades Básicas de Saneamiento presenta signos de oxidación, lo que podría afectar la adherencia del concreto. Asimismo, se identificaron manchas blanquecinas en los muros, asociadas a la presencia de salitre por humedad constante, además de microfisuras en el tarrajeo interior y desniveles en los pisos.
Deficiencias en seguridad y control contractual
La comisión de control también advirtió una inadecuada señalización y falta de medidas de seguridad en la obra, incumpliendo las normas técnicas vigentes. Esta situación representa un riesgo tanto para los trabajadores como para la población cercana.
Además, se detectó que la Municipalidad Provincial de Huancabamba y la empresa contratista formalizaron el acta de suspensión después de vencido el plazo contractual. Este hecho podría permitir el pago de valorizaciones no verificadas oportunamente por la supervisión y generar la no aplicación de penalidades por retrasos.
Riesgos económicos para la entidad
Otro aspecto observado por la Contraloría es que, pese a aprobarse un adicional y deductivo vinculante al contrato, el contratista no amplió la garantía de fiel cumplimiento. Esta omisión expone a la entidad a posibles pérdidas económicas ante eventuales incumplimientos.
Proyecto acumula retrasos desde 2024
La obra se inició en octubre de 2024 y tenía como fecha original de culminación abril de 2025, con un plazo de ejecución de 180 días calendario. Sin embargo, tras sucesivas suspensiones y ampliaciones, el nuevo plazo se extendió hasta noviembre del año pasado, sin que a la fecha se haya concluido.
El informe fue comunicado al titular de la entidad y se encuentra disponible en el portal institucional de la Contraloría, como parte de las acciones de transparencia y acceso a la información pública.
