En los últimos meses, el Congreso de la República aprobó leyes que debilitan el sistema de justicia en Perú. Esto generó preocupación tanto en la población como en las autoridades judiciales. Las nuevas leyes facilitan la prescripción de delitos graves, como la extorsión y el sicariato. Además, afectan la lucha contra la corrupción. Todo esto ocurre en un contexto donde la percepción de inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes.
Leyes que debilitan la justicia
Una de las leyes más controvertidas es la Ley 31751, conocida como la «Ley Soto». Esta norma modifica el artículo 84 del Código Penal, y reduce el plazo de suspensión de la prescripción de los delitos a solo un año. Esto significa que si un caso no es investigado y procesado en ese tiempo, puede quedar sin castigo. Según César San Martín Castro, juez de la Corte Suprema de Justicia, esta ley es “inconstitucional y desproporcionada”, ya que no considera la complejidad de los delitos graves y contradice el Derecho Internacional Penal, como lo establece la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
La Ley 32108, que modifica el Código Penal y la Ley contra el Crimen Organizado, también ha sido criticada. Según expertos, esta norma aumentaría la impunidad al limitar la capacidad de sancionar a las organizaciones criminales. Esto es preocupante, ya que delitos como la extorsión y el sicariato requieren investigaciones largas y exhaustivas que podrían verse truncadas por esta legislación.
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La percepción de inseguridad aumenta
Las estadísticas reflejan una realidad preocupante: un 85,9% de los peruanos se siente inseguro, según una encuesta de Enapres realizada en 2023. Además, un 27,7% de los ciudadanos reportó haber sido víctima de algún delito ese mismo año, lo que representa el porcentaje más alto en los últimos ocho años. Esta situación empeora en barrios vulnerables, donde la extorsión y el sicariato son comunes y donde los delincuentes, gracias a estas nuevas leyes, podrían evadir la justicia con mayor facilidad.
La reacción de la sociedad civil
Frente a estas reformas, organizaciones de la sociedad civil han comenzado a movilizarse. Colectivos ciudadanos, junto con ONGs como Proética y Transparencia Internacional, han advertido sobre los peligros de estas leyes. Estas instituciones organizaron marchas y campañas de concientización para exigir mayor transparencia y rigor en las leyes penales. Señalan que estas modificaciones no solo afectan la lucha contra el crimen organizado, sino que también erosionan la confianza pública en el sistema judicial. Propuestas para fortalecer la justicia
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Expertos en derecho penal sugieren que, en lugar de debilitar el sistema de justicia, es necesario fortalecerlo. Proponen ampliar el uso de tecnología en la investigación criminal, crear cuerpos especializados en la lucha contra el crimen organizado y asegurar que las leyes protejan a las víctimas, no a quienes buscan evadir la justicia.
Contexto político y corrupción
La aprobación de estas leyes se produce en un contexto de crisis de confianza en las instituciones peruanas, marcadas por escándalos de corrupción como Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto. Los implicados en estos casos podrían beneficiarse de la reducción del tiempo de prescripción, generando sospechas de que estas reformas están diseñadas para proteger a políticos y funcionarios corruptos.
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