La Universidad Nacional de Piura (UNP) atraviesa un escenario de controversia luego de la publicación oficial en el Diario El Peruano de la Resolución N.° 020-PECR-CE-UNP-2025, mediante la cual se declaró la nulidad total del proceso de elección complementaria de rector para el periodo 2025–2028. Sin embargo, cuatro integrantes del Comité Electoral aseguran que no participaron en la sesión que habría aprobado dicha resolución.
Resolución de nulidad fue publicada en el Diario El Peruano
La resolución fue emitida el 14 de julio de 2025 y se oficializó el 17 de julio en la sección de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Según el documento, la medida se sustenta en presuntas irregularidades detectadas durante las elecciones realizadas los días 8 y 9 de julio en la UNP, entre ellas la presencia de propaganda electoral dentro del campus, manipulación de votantes, doble votación y diferencias entre el número de votantes registrados y los votos emitidos.
El Comité Electoral, presidido por Vicente Luis Paredes Muro, señaló que la decisión se tomó conforme al Reglamento Electoral Universitario y diversas normativas, entre ellas la Ley Universitaria N.º 30220 y la Ley N.º 27444 de Procedimiento Administrativo General. En el documento se resalta que “los medios de prueba encontrados, adjuntados, analizados y revisados comprueban la existencia de las situaciones que regula el inciso ‘a’ del artículo 68 del Reglamento para el proceso de elección complementaria de rector del 2025 al 03 abril 2028”.
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Miembros del Comité Electoral se deslindan de la resolución
Pese a la publicación oficial, cuatro docentes miembros del Comité Electoral expresaron su rechazo a la resolución a través de una carta notarial remitida a la presidencia del órgano electoral. César Leonardo Haro Díaz, Juan Martín Reyes Reyes, Mauro Antón Nunura y Héctor Wilmer Fiestas Bancayán afirmaron no haber asistido a ninguna sesión en la que se debatiera o aprobara la nulidad del proceso electoral.
El documento, firmado ante la Notaría Quinde Razuri, indica que los docentes no fueron convocados ni notificados respecto a una eventual sesión del Comité. Además, manifestaron que su intención es deslindar cualquier responsabilidad administrativa, civil o penal derivada de la resolución.
Según la misiva, la resolución fue difundida públicamente durante la madrugada del miércoles 16 de julio, pese a que aparece con fecha 14 de julio en el sitio web institucional. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento seguido para emitir la anulación del proceso electoral.
