Una niña de 10 años, víctima de violencia sexual, lleva un mes esperando recibir terapia psicológica, pero la Fiscalía de Piura no autoriza su tratamiento. Mientras tanto, ha tenido que huir de su hogar por temor a cruzarse con su vecino de 65 años, a quien ella señala como su agresor. Así lo dio a conocer un reportaje realizado por Wayka.pe.
Lucía* no soporta verse en el espejo. Su cuerpo lleva marcado una huella invisible para el resto, pero que ella siente a viva flor en su piel. A sus 10 años debe lidiar con los recuerdos del momento en que sintió cómo manos ajenas recorrieron a la fuerza su vientre y apretaron violentamente su pequeño busto. Observar su reflejo revive esa agresión y le hace difícil convivir en armonía con ella misma.
La tarde del 13 de julio, Lucía sacó a pasear a sus perritos por las calles del asentamiento humano donde vive en Piura. Según declaró a la Policía, cuando estaba a tan solo tres casas de la suya, Erasmo Aguilera Ulloa, un vecino de 65 años a quien ella señala como su agresor, la interceptó para pedirle un abrazo, la jaló y la tocó sin su consentimiento. Asustada, corrió de vuelta a su casa y se encerró en el baño.
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Erasmo Aguilera, trabajador de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau (EPS Grau), no era solo un señor que vivía cerca a su casa, era un amigo cercano de su abuela, alguien a quien su entorno familiar consideraba confiable. La conmoción la hizo sentir miedo de contar lo sucedido.
Horas después, tras la insistencia de su madre, Lucía fue narrando poco a poco lo que había pasado. Al día siguiente, fueron a la comisaría de Piura a poner la denuncia.
Desde entonces, el trauma de la violencia sexual la priva hasta de aceptar el abrazo protector de su mamá. Lucía no quiere que nadie la toque. Ya no es la niña alegre que cantaba en el colegio y participaba en todos los concursos de danza. Su sonrisa ha sido reemplazada por una expresión de desconfianza. Y no puede estar tranquila en casa, pues su cuarto está frente a frente con la ventana de Erasmo Aguilera.
Secuelas emocionales
La psicóloga social y psicoterapeuta del Estudio para la Defensa de la Mujer – Demus, Jennifer Villodas, explica que, para las niñas víctimas de ‘tocamientos indebidos’, “el cuerpo se convierte en un espacio transgredido por algo desagradable y la sensación puede llegar a grabarse en la piel”. En algunos casos, el autorechazo puede llegar al punto máximo de provocarse lesiones.
“Las niñas desarrollan culpa, desagrado consigo mismas (sobre todo hacia sus cuerpos), se sienten ‘sucias’, ’no dignas’, insuficientes. Entonces, sus vivencias afectivas suelen ser de menor afectividad o irritabilidad con ellas y con el entorno. Llegan a cambiar su conducta para evitar ser tocadas. Ríen menos, juegan menos, hablan menos o se resisten a hacer cosas que antes sí hacían”, detalló la psicóloga al ser consultada por Wayka.
De acuerdo a la especialista, este “caos emocional”, que viven las niñas víctimas de violencia sexual, debe ser atendido de manera urgente con acompañamiento psicológico para ayudarlas a procesar el trauma.
Además, para “ordenar ese caos que está viviendo, dándole una secuencia, temporalidad, emociones de acuerdo a cada momento”. Así su testimonio se fortalecería más como medio probatorio ante un proceso legal.
El testimonio como prueba
En los casos de tocamientos indebidos, los testimonios de las niñas suelen ser la única prueba que tienen para demostrar el delito de sus agresores. Sus versiones deben ser recopiladas inmediatamente y no correr el riesgo de olvidar detalles de lo que les hicieron con el paso del tiempo.
Para esto, las niñas pasan por una entrevista única en la cámara Gesell que está a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.
Lilian Cabrera, Gerente de la Unidad de Programa de Plan Internacional Perú, enfatiza que las entrevistas en cámara Gesell deben realizarse el mismo día de la denuncia, pero esto nunca se cumple. “La disponibilidad de las cámaras Gesell las da Medicina Legal del Ministerio Público. No existe un plazo máximo para que el fiscal determine cuándo va a ser la fecha o cuándo la cámara está disponible, porque se accede por turno”, confirmó a Wayka la abogada del Programa Aurora del Ministerio de la Mujer, Elizabeth Vásquez.
Las víctimas suelen esperar hasta 8 meses para que la Fiscalía programe la entrevista. Lucia lleva esperando un mes. En ese tiempo, probablemente, las víctimas se desmotiven de continuar con el proceso al ver que sus casos no avanzan o por amenazas de sus agresores. La demora en la programación de las entrevistas se debe, en parte, a la falta de disponibilidad de cámaras Gesell.
Cámaras Gesell
Hasta 2018, en Piura se tenía solo una. Un reporte de la Defensoría del Pueblo emitido en octubre de ese año, alertó que más de 150 entrevistas estaban pendientes de ser programadas debido a que solo existía una cámara operativa y recién serían atendidas a inicios de 2019. Actualmente, hay seis cámaras para una región que, solo en 2020, registró 9 mil 384 casos de violencia contra niñas y adolescentes, reportados en los Centros de Emergencia Mujer.
En lo que va del 2021, hay 718 casos. La cantidad de cámaras Gesell sigue siendo insuficiente. En setiembre de 2021, durante la gestión de la exministra Rosario Sasieta, el Ministerio de la Mujer se comprometió en conjunto con el Poder Judicial y el Ministerio Público de Piura a implementar seis cámaras adicionales. Hasta el momento no se tiene conocimiento si este proyecto se está desarrollando ni en cuánto tiempo estará listo.
Esto, sumado a la falta de voluntad de los operadores de justicia, dilatan los procesos innecesariamente. “En los fiscales y jueces también hay una carga machista que le resta urgencia a los casos de violencia contra las mujeres. Esto hace que las diligencias se extiendan o incluso hasta se desestimen. Es necesario atender adecuadamente el testimonio de las niñas porque en el caso de tocamientos, es la única prueba que se tiene”, enfatizó la especialista de Plan Internacional.
Mientras tanto, las sobrevivientes de violencia sexual están a la deriva sin la posibilidad de recibir terapia psicológica. Con la evaluación de su testimonio en la cámara Gesell, los especialistas determinan si necesita o no acompañamiento psicológico. En el caso de Lucía, como aún no se le programa esta diligencia, no recibe ningún tipo de acompañamiento psicológico por parte del Estado. A sus 10 años, debe sobrellevar su dolor, sola.
Sin protección ni justicia
Hasta el momento, lo único con lo que cuenta Lucía son las medidas de protección entregadas por el Poder Judicial. Aunque en realidad, solo se quedan en el papel. Se supone que Erasmo Aguilera no puede acercarse a menos de 100 metros de la niña, algo prácticamente imposible de cumplirse si se tiene en cuenta que vive a solo tres casas de ella. Es Lucía quien ha tenido que huir de su hogar por miedo a verlo de nuevo.
Las medidas de protección, también disponen que la Policía acuda regularmente a la vivienda del denunciado para monitorear si está cumpliendo con alejarse de la niña. Pero, según comentó la familia de Lucía a Wayka, en ningún momento se ha realizado el patrullaje respectivo. La niña solo siente que las autoridades que deberían protegerla y garantizarle justicia la han abandonado.
Presión
La madre de Lucía comentó a Wayka que el hijo de Erasmo Aguilera los presiona constantemente para que retiren la denuncia y que, a cambio de eso, pagarán una terapia psicológica particular para la niña. «Incluso han ido a buscar al papá de mi hija a su trabajo. Pero yo no voy a retirar nada, ese hombre está libre y haciendo su vida, mientras mi niña vive con miedo”.
*La identidad de la niña y madre se mantiene en reserva por seguridad
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