El contralor general Nelson Shack Yalta reiteró su exhortación al Congreso de la República, de devolverle a la Contraloría la capacidad sancionadora reconocida constitucionalmente. El contralor advirtió que la sensación de impunidad aumentará mientras no se sancione oportunamente a los malos funcionarios.
Estas declaraciones tuvieron lugar durante su presentación ante la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres del Congreso de la República.
Sanciones a los funcionarios públicos
Shack Yalta indicó que la ciudadanía tendrá conocimiento de las irregularidades cometidas y reclamarán sanciones oportunas, que no podrán imponerse. “No podemos permitir, menos justificar, que los responsables de un acto irregular queden exentos de sanción”, sostuvo.
“La ciudadanía conocerá quiénes son los funcionarios que han cometido inconductas funcionales o ilícitos penales que merecen ser sancionados, pero ahí vendrá el problema, por la gran sensación de impunidad que todavía existe», alertó Shack.
El problema, según atribuye el contralor, está en que la Contraloría tiene recortadas sus capacidades para sancionar administrativamente. “No solo se trata de sancionar a quienes hacen mal las cosas, sino también a quienes no ejecutan oportunamente las decisiones”, añadió.
Antecedentes
Hace un año, el contralor general ya había hecho esta solicitud al Parlamento. Según recordó Shack, esta incapacidad fue ocasionada por una sentencia del Tribunal Constitucional desde abril del 2019.
Por esta razón, exhortó al Congreso a priorizar el debate y la aprobación de la ley que devuelve la capacidad de sanción a la Contraloría. “Es necesario que se apruebe el proyecto de ley que hemos presentado al Congreso, incluso, en una versión actualizada, donde se han incluido las infracciones sobre el tema de la pandemia”, agregó.
Control en Huancavelica
Por otro lado, Shack informó que, durante la Emergencia Sanitaria, la Contraloría realizó 211 servicios de control en entidades del gobierno nacional, regional y local de Huancavelica. El objetivo fue supervisar el uso de los recursos públicos para mitigar los riesgos por covid-19.
Durante este control se hallaron diversas irregularidades como el exceso de reos y la falta de personal médico y medicina en el Establecimiento Penitenciario de Huancavelica, lo que impediría hacer frente al covid-19.
Perjuicio económico en Municipalidad de Roble
Asimismo, se informó que la Contraloría General detectó un presunto perjuicio económico por más de S/ 30 mil en la Municipalidad Distrital de Roble, provincia de Tayacaja. El motivo sería la falta de distribución de canastas básicas al 64% de la población vulnerable de esa zona perteneciente al valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
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